Contraloría señala debilidades y descontrol en registro de pruebas COVID-19
Entre otros, la entidad encontró 6.631 pruebas sin fecha de las cuales 702 eran positivas, así como análisis de muestras que tardan entre 190 y 276 días en ser procesadas.
La Contraloría General de la República señaló una serie de debilidades y descontroles en la forma en que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social realizan el registro de sus pruebas COVID-19.
Los resultados fueron presentados en un informe de auditoría de abril anterior, en el que se advierten miles de inconsistencias en temas como fecha de las pruebas, tiempos de espera de resultados, identificación del paciente o su procedencia.
Por ejemplo, la Contraloría detectó 6.631 pruebas sin fecha en los registros del Ministerio de Salud, de las cuales 702 eran positivas.
En los registros de la CCSS aparecen 115 pruebas sin número de identificación y otros 1.637 que no indican nacionalidad del paciente.
“Se determinaron debilidades en el proceso de recopilación, procesamiento y comunicación de la información de contagios y órdenes sanitarias, debido principalmente a que los mecanismos y controles utilizados no se encuentran actualizados, formalizados y completos en procura de garantizar de forma razonable su disponibilidad, integridad y confidencialidad”, dijo el ente contralor dentro de sus hallazgos.
La Contraloría también encontró pruebas cuyos resultados de laboratorio tardaron entre 190 y 276 días en ser procesados en el Ministerio de Salud.
En esa misma entidad se encontraron 227 variables distintas para el registro de provincia y 643 para cantones.
“Las debilidades de la información remitida por los entes notificadores afectan los principios de la información que la acrediten como confiable y genera retrasos en el seguimiento de los casos, dado que el personal de vigilancia de la salud debe depurar e integrar la información recibida con las fichas de investigación y los estudios de brotes e informes de campo; para acreditar la confiabilidad del dato, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas y que permita la toma de decisiones a nivel nacional”, añade el informe.
La Contraloría también advirtió que la información sensible de pacientes no está siendo correctamente protegida, pues los archivos de Excel que se remiten diariamente entre instituciones no están cifrados o tienen ningún tipo de control que permita garantizar la protección necesaria.
Descargo
Ante la consulta de este medio, el Ministerio de Salud resaltó que la gestión de datos COVID-19 “ha tenido un proceso de mejora continua” desde el inicio de la pandemia en el país y que, en paralelo con el proceso de auditoría realizado por la Contraloría, se han implementado medidas para resguardar la veracidad, confidencialidad e integralidad de la información.
“(…) Coincidimos con la Contraloría General de la República en la necesidad de, de la mano con la Caja Costarricense de Seguro Social, robustecer la interoperabilidad entre instituciones sanitarias para el intercambio pronto y oportuno de información”, aseguró la institución.
En la CCSS, por su parte, se afirmó que aún no se tiene una posición respecto al informe presentado.