La Contraloría General de la República se separó de la discusión sobre el aumento salarial aprobado, semanas atrás, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Desde el pasado 24 de octubre, la junta directiva de la CCSS había aprobado consultar al ente contralor la viabilidad legal de ese aumento, específicamente en la inquietud de si la institución se encuentra o no excluida de la regla fiscal, para entender si el alza era procedente o no.

Sin embargo, la Contraloría respondió el pasado martes a la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, que la consulta planteada se refiera a “decisiones ya adoptadas por la CCSS” y que, además, involucra temas para los que ya existen criterios emitidos por el Ministerio de Hacienda, la Sala Constitucional y la asesoría legal interna.

“Por consiguiente, no corresponde a la Contraloría General pronunciarse por la vía consultiva sobre las interrogantes planteadas, dado que su naturaleza es previa y, además, reservada a temas generales”, dijo la Contraloría.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había aclarado, en setiembre anterior, que todos los recursos de la CCSS están exentos de la aplicación de la regla, por lo que el incremento de ₡7.500 en el salario base de los 63 mil funcionarios de la institución estaría en regla.

Ese aumento, que le costó el puesto al expresidente de la Caja, Álvaro Ramos, fue ampliamente rebatido por el presidente Rodrigo Chaves, que lo calificó de ilegal e irresponsable en medio de la situación de estrechez fiscal que enfrenta el país.

Reacción

En el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines) celebran la respuesta de la Contraloría y aseguran que esta significa que la CCSS ​​deberá aplicar el reajuste salarial a los empleados de la institución, a partir de diciembre, dado que no existe fundamento jurídico para no hacerlo.

“Muy satisfechos con el criterio de la Contraloría General de la República, confirma lo que esta organización ha mantenido, que el acuerdo es legal y debe hacerse efectivo; además, fortalece más la autonomía de la CCSS, y aunado a ello, no encuentra vicios de inconstitucionalidad con relación al reajuste y pago retroactivo salarial”, indicó Lenín Hernández, secretario general del sindicato.