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La Contraloría General de la República (CGR) reveló una serie de debilidades en el Ministerio de Justicia luego de una auditoría realizada sobre el monitoreo de tobilleras, en cuanto a la supervisión y seguimiento de los privados de libertad que obtuvieron esta sanción penal.

Dicha auditoría se realizó para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de mayo 2020.

Se evidenciaron debilidades en cuanto al objetivo del proceso de monitoreo electrónico, los procedimientos para su ejecución y el resguardo de la confidencialidad de la información, así como en la supervisión y seguimiento de las personas sujetas a monitoreo electrónico: cantidad de alertas que permanecen sin atender, la duración en la atención de las alertas que ya han sido gestionadas, el tiempo transcurrido en la comunicación de los eventos a la autoridad judicial y las gestiones de coordinación con los cuerpos policiales para el abordaje de la población monitoreada.

Para la Contraloría, las situaciones anteriormente mencionadas se presentan debido a la ausencia de un Plan Estratégico Institucional en el Ministerio de Justicia y Paz, que además contemple "objetivos, metas e indicadores estratégicos relacionados con la población penitenciaria sujeta a monitoreo electrónico y en vinculación a las acciones definidas en el Plan Operativo Interinstitucional".

“Estas situaciones inciden en el control de la población monitoreada en el cumplimiento de las condiciones dictadas por el juez, la toma de decisiones prontas por parte de la autoridad judicial en cuanto a la medida dictada y el abordaje in situ de las personas monitoreadas al momento que se presentan las alertas de infracción”, señaló la Contraloría.

En el período del 13 de mayo al 20 de octubre de 2020 existen 907.956 alertas abiertas, correspondientes a 1.485 personas monitoreadas, esto quiere decir que aún no se ha realizado una gestión de estas en cuanto a su tratamiento por parte de la Unidad de Monitoreo Electrónico.

De estas alertas existe un 52% por diversos tipos de infracción, categorizadas con valor de riesgo “alto”, de las cuales un 38% se dan por incumplimiento a la condición de movilidad, específicamente a la infracción por “zona de inclusión GPS”.

Adicionalmente, un 25% del total de alertas abiertas tienen el riesgo mal clasificado en la plataforma: la infracción “sin ubicación”, en el reporte de alertas extraído del sistema EAGLE se categoriza como un riesgo “bajo”, en contraposición con lo indicado en la directriz emitida, que la clasifica como riesgo "medio".

Por otra parte, como resultado de la revisión de alertas gestionadas por tipo de infracción en el período del 1° de junio al 31 de agosto del 2020, se determinó que existen 83.400 alertas con 18 gestiones correspondientes a 500 personas monitoreadas, de las cuales solo en un 52% de estas se puede observar el tipo de alerta y su nivel de riesgo, el restante 48% presenta un estado de "null", lo que no permite determinar si se atendieron conforme a la normativa.

Mientras que, del 52% que muestra información, un 26% se da con las alertas categorizadas como incumplimiento a la “zona de inclusión GPS”, 14% con alertas “sin comunicación”, un 11% por “batería baja” y un 1% por alertas de “apertura”.

La Contraloría encontró que en algunas de las alertas se tarda hasta 125 días para su atención.

“En virtud de la relevancia que representa el tema de la utilización de dispositivos electrónicos para el seguimiento de personas como medida alternativa al cumplimiento de una pena en sustitución de la prisión, es que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas tendientes a la buena administración de este proceso por parte del Ministerio de Justicia”, indicó la Contraloría.

Por su parte, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, indicó que este informe de la Contraloría lo recibieron en diciembre de 2020 y ya trabajan en ello.

“En el mes de diciembre recibimos un informe producto de una auditoría que estaba realizando la Contraloría en la Unidad de Monitoreo Electrónico, en el cual se desprende una serie de recomendaciones e indicaciones en las cuales empezamos a trabajar en ese mismo momento, y vamos cumpliendo con los plazos que el ente nos estipuló para dar respuesta a las debilidades que hay que atender”, dijo Salazar.    

Declaraciones de Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz: