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La Contraloría General de la República recomendó hoy a los Concejos y municipalidades mencionadas en el expediente del caso “Diamante” no pagarles el salario a los funcionarios investigados penalmente.

El criterio se apoya en una resolución de 2018 sobre este particular, en donde el ente contralor resalta resoluciones de la Sala Constitucional para respaldar esa recomendación.

“Para evitar la ocurrencia de irregularidades que puedan configurar un perjuicio para la sana administración de los fondos públicos, (la Contraloría) hace del conocimiento de las instancias indicadas que mediante el ejercicio de su función consultiva, este Órgano Contralor se ha pronunciado en cuanto a la improcedencia del reconocimiento salarial a funcionarios suspendidos por causa penal que impide el desempeño de sus labores”, cita la misiva enviada este martes.

Ese criterio de 2018, que respondía a una inquietud de la Municipalidad de Nicoya, indica que los alcaldes, regidores y síndicos, como funcionarios nombrados por elección popular, no están exentos de afrontar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

“Luego de la extensa jurisprudencia referida —Sala Constitucional, Sala Segunda y PGR—, este Despacho llega a inferir que si existe un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir su obligación, la relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario”, cita la resolución.

La inhabilitación de seis meses ordenada el pasado viernes contra los seis alcaldes investigados en el caso incluía también un llamado a los Concejos Municipales involucrados a decidir si esa suspensión debe ser con o sin goce salarial.

Sin embargo, desde esos órganos surgieron dudas sobre la potestad legal de tomar esa decisión.

Hasta ahora se ha confirmado que tanto Alfredo Córdoba (San Carlos) como Alberto Cole (Osa) renunciaron voluntariamente a sus remuneraciones mientras avanza la investigación penal.

En esa misma línea hoy trascendió que el Concejo de San José rechazó conocer una moción para tomar esa decisión con Johnny Araya, quien ha defendido su derecho al salario apoyado en la presunción de inocencia.