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La Contraloría General de la República rechazó nuevamente la petición del Ministerio de Justicia y Paz para extender el contrato de tobilleras electrónicas con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), el cual vence el próximo 27 de febrero. 

La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, confirmó ayer que había presentado una solicitud de reconsideración que solventaba las observaciones del ente contralor: la necesidad de contar con los recursos presupuestarios para cubrir la extensión del servicio, la necesidad de tener certeza sobre su precio y la vigencia del contrato.​​

Salazar se mostró confiada en una respuesta positiva, pero eso no sucedió; por el contrario, el recurso fue rechazado por ser inadmisible.

"Para la Contraloría son preocupantes algunos de los elementos planteados en el documento que se atendió", dijo Allan Ugalde, gerente de Contratación Administrativa de la GGR.

"No entendemos cómo se ha tramitado una solicitud de autorización de prórroga de un contrato cuando no se tiene el contenido presupuestario, siendo que hasta el día de ayer se ha solicitado, vía presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, una autorización para que se amplíen los ingresos de ese ministerio y poder darle contenido a una obligación como la que se está realizando", agregó el funcionario. 

El miércoles, precisamente, la jerarca de Justicia reveló que su cartera pidió ₡4.500 millones adicionales para el monitoreo electrónico de 1.800 privados de libertad.

Según Ugalde, la CGR entiende la "situación apremiante" en la que se encuentra el Ministerio de Justicia; pero asegura que las autoridades conocían este panorama desde marzo de 2020, cuando tomaron la decisión de llevar adelante un procedimiento de contratación administrativa.

"Ese tiempo les hubiera permitido incorporar en el presupuesto nacional los contenidos suficientes para darle contenido a cualquier obligación, sea vía concurso o una ampliación como la que se pidió a la Contraloría que autorizada", dijo Ugalde. 


La CGR dice que las condiciones de planificación debieron ser advertidas por Justicia y, por lo tanto, la situación es "de entera responsabilidad de ese ministerio". 

También señalaron que las autoridades de la cartera fundamentaron la vigencia del contrato con documentos diferentes y aseguraron que aún están en negociaciones con la ESPH sobre el precio del servicio, información requerida por la Contraloría para una eventual extensión de contrato.

¿Qué dice Justicia?

La ministra Fiorella Salazar reaccionó de inmediato al anuncio de la Contraloría. Aseguró que seguirá trabajando y pidió "tranquilidad" ante la nueva negativa para extender el contrato. 

"Con esto se acaba la incertidumbre que teníamos con respecto a los escenarios que debemos abordar. Estamos trabajando ya en los escenarios que tenían que ver con esta posibilidad de respuesta y nos interesa que la ciudadanía esté tranquila con respecto al trabajo que estamos haciendo, lo mismo que las personas adscritas a esta modalidad", dijo la jerarca sin brindar mayores detalles.

Declaraciones de la ministra de Justicia, Fiorella Salazar: