Por Juan José Herrera |31 de marzo de 2022, 11:40 AM

La Contraloría General de la República declaró sin lugar los cuatro recursos de apelación interpuestos contra la decisión del Ministerio de Justicia de declarar infructuosa la licitación para el proyecto de tobilleras electrónicas en el país.

El ente contralor dio así luz verde a la cartera de Justicia para que vuelva a lanzar ese concurso que busca adjudicar a un nuevo oferente la operación, llave en mano, de una solución integral para el manejo de este mecanismo de control de personas privadas de libertad.


En su análisis, la CGR explicó las razones de esa resolución para cada uno de los cuatro oferentes que apelaron la decisión:

  • Consorcio ESPH-BUDDI: por incumplimiento de la cláusula 4.1.8 de los “Términos de Referencia” del cartel, en la que se requería, entre otras cosas, que el dispositivo electrónico a ofertar se encuentre homologado ante la SUTEL.
  • Consorcio SOIN-TRACK: por incumplimiento de la cláusula 8.3 de las “Condiciones Cartelarias”, en la que se requería, entre otras cosas, el listado de todas las personas físicas o jurídicas a quienes pretende subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos especializados. Lo anterior, en relación con el apartado sobre “8. CARACTERÍSTICAS DEL DATA CENTER” de los “Términos de Referencia” del cartel.
  • Consorcio Panóptico Costarricense: por incumplimiento de la cláusula 4.1.6, en la que se requería entregar junto con el dispositivo un kit completo. Lo anterior, en relación con lo resuelto en la resolución de objeción No. R-DCA-00319-2021 de las quince horas del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
  • Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica: por incumplimiento de la cláusula 10.4.2 de las “Condiciones Cartelarias”, en la que se requería, entre otras cosas, un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen.

Con esta resolución en firme, que agota la vía administrativa en el caso, corresponde al Ministerio de Justicia lanzar una nueva licitación en busca de oferentes.

Justicia aseguró, días atrás, que el servicio de monitoreo se mantiene en funcionamiento con recursos del presupuesto ordinario de este 2022. 

Al día de hoy, 1.909 personas se encuentran bajo esta modalidad.