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La Contraloría General advirtió, este lunes, sobre la capacidad incierta que tiene el Estado para asumir el costo fiscal que tendrá el proyecto del tren eléctrico de pasajeros.

El informe de auditoría, presentado al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) la semana anterior, advierte que el proyecto no cuenta con un análisis preliminar de riesgos y contingencias fiscales en diferentes momentos de su ejecución, incluido el cumplimiento de la regla fiscal o la identificación de las fuentes de financiamiento necesarias para hacerle frente a la iniciativa.

“De esta forma, resulta incierta la suficiencia de recursos para cubrir los aportes anuales del Estado, lo que podría afectar sus resultados, así como la capacidad de honrar las erogaciones que se generarían con la iniciativa y eventualmente afectar la sostenibilidad fiscal del país”, cita.

El proyecto, que se estima supondrá una inversión de alrededor de $1.550 millones, será heredado de esta administración a la siguiente sin que exista mayor claridad sobre su futuro.

El informe de auditoría señala, además, que el Incofer inició la contratación de los estudios de factibilidad sin haber finalizado los de prefactibilidad, lo que llevó a la toma de decisiones sin información completa.

De la mano con esto, el instituto realizó un cambio técnico de relevancia al pasar de una infraestructura en viaducto a otra a nivel de carretera, todo esto sin involucrar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pese al enorme impacto que esto tendría en materia vial.

“En consecuencia, no todos los cambios técnicos referidos a los cruces ferroviarios a desnivel del proyecto se encuentran reflejados en los planos de la factibilidad técnica y aún no han sido resueltas las observaciones externadas en cuanto a la estimación de la demanda en función de la integración del Tren Eléctrico con el Proyecto de Sectorización del Transporte Público en el Área Metropolitana de San José.

“Esto es medular debido a la intermodalidad del tren con otros medios de transporte, en términos de satisfacer la necesidad pública y brindar un servicio de calidad a los pasajeros”, añade el informe.

La Contraloría giró instrucciones al Incofer para que realice y actualice el análisis preliminar de riesgos, contingencias fiscales y estudios que confirmen la modalidad de contratación administrativa idónea para desarrollar el proyecto. 

Adicionalmente, ordenó al Mideplan y al Ministerio de Hacienda completar la normativa que corresponde para solventar las debilidades señaladas.