Por Juan José Herrera |19 de noviembre de 2020, 13:13 PM

La Contraloría General de la República advirtió este miércoles a la ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte, que todas las convenciones colectivas que se negocien a partir del 4 de diciembre de 2018 deben apegarse a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El llamado de atención surge luego de la denuncia que el diputado del PUSC, Pedro Muñoz, presentó ante el órgano por supuestas irregularidades de ciertas convenciones colectivas, entre ellas la recientemente negociadas con el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La tesis de Muñoz es que esta y otras convenciones recientemente negociadas no se apegaron a lo establecido en la reforma fiscal, específicamente en la creación de nuevos pluses.

“Las convenciones colectivas ya no están más por la libre, no se puede legislar como les da la gana, es un ente que tiene limitaciones legales y que debe apegarse a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas por ejemplo en la no creación o mantenimiento de pluses porcentuales”, dijo el legislador.

La Contraloría precisó que, en respuesta a la denuncia, se emitió un oficio a la ministra Dinarte sobre “la necesidad y obligatoriedad de que en los trámites de homologación y demás relacionados con los convenios colectivos debe verificarse que dichos instrumentos convencionales se ajusten al principio de legalidad y particularmente a lo establecido en la Ley 9635.

“Caso contrario y para evitar abuso de los fondos públicos, ese Ministerio, en el ejercicio de sus competencias, deberá prevenir a las partes involucradas para su respectivo ajuste al ordenamiento jurídico y proceder de conformidad”, dijo la Contraloría.

El ente aclaró que ese oficio no analizó por el fondo ninguna convención colectiva por lo que no puede asegurar la legalidad -o ilegalidad- de lo negociado, pero precisó que hasta ahora ninguna de las convenciones negociadas ha sido homologada.

Entre las convenciones presentadas hasta ahora para ese trámite están, hasta ahora, la del Banco Nacional, Inamu, AyA, Banco Central y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), entre otras municipalidades.

De esas, solo han sido homologadas las del Banco Nacional, AyA y Municipalidad de San Carlos.

También hay otras convenciones que ya fueron denunciadas pero no han sido presentadas para su homologación, este es el caso de la del MEP.