Por Susana Peña Nassar |27 de enero de 2022, 16:55 PM

Contagios de COVID-19 agudizan la crisis que enfrenta el Sistema de Emergencias 9-1-1. La directora del servicio, Elena Amuy, confirmó que siete de los operadores salieron positivos y, por lo tanto, fueron aislados de manera inmediata.

“Son siete plazas menos, o sea, siete personas, siete llamadas menos que vamos a poder atender en un mismo tiempo. ¿Por qué? Porque están incapacitados y con orden sanitaria. No han podido llegar al sistema, hemos tenido que hacer desinfecciones profundas casi todos los días en el centro de operaciones para evitar que se nos expongan más, porque en un contagio masivo tendría casi que cerrarlo”, explicó la jerarca en una entrevista con Teletica.com.

“El hecho de haber recibido esta noticia… Son situaciones bastante complejas para nosotros porque nos hacen tener que buscar de qué manera seguir atendiendo el servicio”, agregó Amuy.

El reemplazo de los operadores es complicado, debido al proceso de capacitación que requiere el puesto. Además, según la directora, actualmente trabajan con 17 plazas menos de las necesarias para poder atender la demanda del servicio.

Amenaza al sistema

Estas incapacidades y el riesgo de más diagnósticos positivos de coronavirus entre el personal se suman a los problemas económicos que enfrenta el 9-1-1 por la aplicación de la regla fiscal. Esta semana, las autoridades dijeron temer la "muerte" del servicio en abril, ya que arrastran una deuda de ₡70 millones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): aunque tienen el dinero para saldarla, no pueden tocar los recursos por ese instrumento incluido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El plazo para pagar el recibo vence el 31 de marzo; de lo contrario, se exponen a la suspensión de los servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, la paralización del centro que atiende llamadas de emergencia.

"El Instituto espera que se resuelva la situación del 9-1-1 con prontitud, con el objetivo de que el pendiente sea cancelado y no comprometa la prestación del servicio de atención de emergencias", dijo esa institución tras la consulta de este medio.

Los diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Paola Vega (independiente) hicieron un llamado al Gobierno para que agilice un proyecto de ley presentado por diversas fracciones, que excluiría al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal y lo salvaría de la crítica situación que enfrenta. Sin embargo, los jerarcas de la entidad afectada aseguran que no han recibido ninguna comunicación al respecto, pese a las advertencias.

Teletica.com solicitó, desde el lunes, una reacción al Ministerio de Hacienda, pero este jueves indicaron que aún no tienen respuesta.