Constructoras que incumplan contratos con el Estado podrán ser inhabilitadas hasta por 10 años
Los diputados aprobaron este jueves en segundo debate la reforma a la Ley de Contratación Administrativa
Las empresas constructoras que incumplan contratos con el Estado podrán ser inhabilitadas hasta por 10 años de cualquier proceso de contratación administrativa relacionado con infraestructura vial pública.
Esto luego de que la tarde de este jueves los diputados aprobaran en segundo debate el expediente 20.648, que propone una reforma a la Ley de Contratación Administrativa para establecer sanciones de entre 3 y 10 años a aquellas empresas que incumplan o cumplan de manera defectuosa con los contratos públicos.
Esta sanción aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados por la Administración central, la descentralizada y las municipalidades.
“Algunos confunden que somos el país más feliz del mundo con que somos un chiste de país y se pasan de listos burlándose de los costarricenses. Yo no vine a este lugar a alcahuetear sectores, no vine aquí a burlarme de los ticos”, señaló la diputada liberacionista Karine Niño, proponente de la iniciativa.
El proyecto había sido votado en primer debate en abril anterior, sin embargo, fue enviado a consulta a la Sala Constitucional, que finalmente determinó que no contenía ningún vicio de inconstitucionalidad.
La reforma permitiría a la entidad afectada determinar el daño y a partir de esto establecer la cantidad de años en la que la empresa no podrá concursar por contratos con el Estado.
“Con esta iniciativa se busca corregir una problemática de años en el país, por ejemplo, en el caso de infraestructura vial el país se encuentra en un rezago terrible, a tal punto que ostentamos la posición 123 de 137 países en cuanto al nivel de competitividad por concepto de infraestructura de caminos según el Índice de Competitividad Global 2017-2018”, afirmó el Partido Liberación Nacional.
Niño aseguró que la urgencia de leyes eficientes para el desarrollo del país es inminente, pues pese a que el Lanamme ha señalado más de 500 evidencias sobre incumplimientos y deficiencias en contratos de obra pública vial en los últimos 5 años, la Contraloría General de la República solo evidencia tres casos de inhabilitación para empresas que incumplen en esta materia y en ningún caso han sido empresas constructoras.