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El Concejo Municipal de Cartago decidió, el martes en horas de la noche, retener el salario del alcalde Mario Redondo mientras es investigado por el caso Diamante.

Los regidores llegaron al acuerdo de que el jerarca no recibirá ningún pago mensual durante los seis meses de inhabilitación del cargo, pero el dinero será guardado por la administración y, eventualmente, a futuro, se le depositaría.

Mientras tanto, el Concejo de Alajuela decidió que hasta el próximo martes tomará una decisión sobre el salario que le corresponde al alcalde Humberto Soto.

La semana anterior, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública decidió inhabilitar del cargo, por seis meses, a los seis alcaldes vinculados en el caso Diamante. Se trata de una investigación de aparentes hechos de corrupción entre alcaldes y la constructora MECO.

La jueza dejó en manos de los concejos municipales la decisión de qué hacer con los salarios de los jerarcas mientras están suspendidos. Por el momento, tres de ellos continúan con el salario intacto porque no hay un pronunciamiento: Humberto Soto, en Alajuela, con un pago mensual de 3.200.000 colones; Arnoldo Barahona, en Escazú, con un salario de 4.900.000 colones y Johnny Araya, de San José,  con 5.700.000 colones.

A estos dos alcaldes se les retendrá el salario: Mario Redondo, en Cartago, quien gana cinco millones de colones y Alfredo Córdoba, de San Carlos, con cuatro millones. Córdoba decidió renunciar al salario, pero la administración consideró la posibilidad de retenerlo y esperar el resultado de la investigación.

Alberto Cole, alcalde de Osa, renunció a su salario de cuatro millones y, este miércoles por la noche, el Concejo Municipal decidirá si le retiene o guarda el salario.

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