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Según la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la intención del Gobierno de aplicar un impuesto a las transacciones financieras es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del sistema financiero nacional.

Esta intención del Gobierno es parte de su propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se le apruebe un préstamo para la estabilización económica del país.  

“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes”, dijo Mario Gómez, asesor legal de la ABC.  

El impuesto de 0,3% representaría 3 mil colones por cada millón. La ABC da estos ejemplos de cómo le afectaría a su bolsillo:

  • Si un cliente saca 10.000 colones de su cuenta por medio del cajero automático, el Gobierno le cobrará 30 colones.
  • Si va al supermercado y paga 200.000 colones, el impuesto será de 600 colones. 
  • Si una familia o empresa pide un préstamo de 60 millones de colones, se le tendrá que cobrar un impuesto de 60.000 colones. 

Los expertos plantean este panmorama. Si usted va a una soda a comprarse un casado, el impuesto, hacia atrás, tendrán que pagarlo:

  • El dueño de la soda cuando pagó el alquiler, los salarios, los frijoles, el arroz, los huevos y demás productos.
  • Distribuidores que llevaron los productos a la soda. 
  • Las empresas que empacaron los frijoles. 
  • Los industriales del arroz. 
  • Los productores agropecuarios cuando compraron los insumos.  

Es decir, el casado le saldrá más caro porque, antes de que llegara a su mesa, el Gobierno le cobró el impuesto a todo el proceso productivo. 

En el caso de los productores, industriales y comerciantes tendrán que pagar el impuesto cuando hagan pagos de salarios, servicios públicos o créditos, también cuando compren insumos o materias primas; es decir, tendrán que pagar el impuesto en cada etapa de la cadena de producción. 

Este nuevo impuesto gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad. Implica que el Estado recoja un porcentaje adicional, lo cual podría afectar a las empresas al momento que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra.  

“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es, sin duda, un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, añadió Gómez. 

Para el analista financiero Daniel Suchar Zomer, el impuesto al débito bancario le va a encarecer la vida a todo el país y la primera gran consecuencia es que todas las personas volverán a pagar en efectivo: en vez de ir progresando, se va para atrás nuevamente.

“La inseguridad en las personas volverá, porque de ahora en adelante van a utilizar más el dinero en efectivo, el cual lo llevarán consigo y obviamente los amigos de lo ajeno se van a frotar las manos porque eso les interesa. Además, como los bancos no van a tener plata porque todos vamos a andar con efectivo, las tasas de intereses van a subir”, advirtió Suchar. 

El experto también considera que si el Gobierno quiere arreglar las finanzas públicas esta no es la vía, sino más bien hay que seguir con el recorte.

“Inventar el impuesto al débito bancario está lejos de mejorar la economía del país”, agregó.

Según la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), el impuesto a las transacciones financieras es algo cruel, sería un duro golpe al bienestar de los consumidores y ocasionaría que estos dejen de hacer transacciones electrónicas.

“Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar o para pagar los servicios públicos”, indicó Danilo Montero, director general de la OCF.

Para Montero, la propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población.

“El Banco Central de Costa Rica ha hecho una inversión millonaria por años en un sistema de pagos que es ejemplo mundial. Ha facilitado el acceso de toda la población a los beneficios de una plataforma segura y eficiente para hacer transferencias o pagos, reduciendo los costos de las personas o empresas. Crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema”, añadió.   

Para la OCF, el consumidor financiero merece un trato más consecuente con lo que se viene predicando por tantos años.