Por Juan José Herrera 14 de abril de 2016, 12:43 PM

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público buscarán sentar responsabilidades políticas luego de la comparecencia ante ellos de la presidenta de Recope Sara Salazar, en la que se anunció el cierre definitivo de la Sociedad Reconstructura Chino-Costarricense (Soresco).

Salazar le comunicó a los legisladores la salida de Recope de la operación conjunta con China, un proyecto que desde 2009 intentó sin éxito la construcción de una refinadora en Limón.

“Creemos que este tipo de chambonadas no pueden pasar desapercibidas porque nos arriesgamos a repetir esos errores. Queremos que cada uno de los responsables pague por esa aventura tan mala, y con esto no solo nos referimos a la administración Solís Rivera, sino también a la Arias Sánchez (2006-2010) y a la Chinchilla Miranda (2010-2014)”, aseguró el presidente de la comisión, el diputado Mario Redondo.

Si bien Redondo aplaudió la “tardía” decisión del gobierno por poner fin al proyecto, lamentó que a la Contraloría General de la República le tomara dos años validar el informe donde se denunciaba un conflicto de interés entre la empresa Corporación Petrolera Nacional de China (CNPC) y su subsidiaria china Huanqiu Contracting & Engineering Corporation, encargada de realizar el primer estudio de factibilidad.

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En esos dos años, según Redondo, Soresco consumió $24 millones de los $100 que poseía la inversión conjunta, a partes iguales entre CNPC y Recope.

La negativa para utilizar ese primer estudio y la imposibilidad de llegar a un consenso sobre un segundo acabó por condenar al proyecto.

“Son aventuras muy muy caras a las que el Gobierno se lanza y que le cuestan muchísimo al pueblo y al Estado, que pudo haber aprovechado esos recursos en otros muchos proyectos urgentes”, dijo el legislador.

Ámbito penal

Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario y miembro también de la Comisión de Gasto Público, aseguró que esas responsabilidades apuntan a todas las áreas, incluida la penal.

“De momento valoramos todo tipo de responsabilidades, incluida la legal si es que se logra demostrar que se cometió algún delito en cualquiera de las tres administraciones involucradas”, afirmó Guevara en una declaración que apoyó también Redondo.

La Comisión deberá presentar su informe antes del 1° de mayo próximo, fecha en que exigirán además que el Consejo de Gobierno ratifique la decisión de Recope y que se procure recuperar al máximo el dinero invertido en Soresco.

Para Guevara la posibilidad de que eso suceda no es tan lejana, pues al tratarse de dos empresas estatales la diplomacia tendrá una relevancia importante.

“Aquí lo que procede es que el presidente Luis Guillermo Solís se reúna con su homólogo chino en busca de una solución que afecte lo menos posible a Costa Rica. No creo que el gobierno chino busque una indemnización, no cuando han trabajado tanto en fortalecer las relaciones diplomáticas”, afirmó.

Además de intentar realizar un nuevo estudio de factibilidad, Recope le propuso a Soresco vender su participación accionaria a un tercero, una variable que no fructiferó.

Según los legisladores Sara Salazar confirmó que de los $100 millones originales al día de hoy solo quedan disponibles $37 millones.