Por Luis Jiménez |8 de noviembre de 2020, 17:43 PM

El Colegio de Ciencias Económicas y de Abogados le enviaron una propuesta al Gobierno para resolver la actual crisis fiscal que tiene el país producto del mal manejo de las finanzas públicas y por la epidemia del COVID-19.​

En la carta abierta dirigida al presidente de la República Carlos Alvarado y al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, manifiestan su "profunda" preocupación ante las señales de deterioro acelerado de las finanzas públicas, las cuales "demandan una acción inmediata y contundente".

“Ante la actual crisis económica que vive el país y lo que pretende el gobierno, generará muchas consecuencias que recaerían con mayor fuerza sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad con efectos negativos que perdurarían por décadas”, señala el escrito.

Para el colegiado lo más peligroso de todo esto es la tendencia de los mercados a considerar a Costa Rica como un país de riesgo cada vez más elevado.

“Las señales de alarma abundan, cabe mencionar también el intento fallido del Ministerio de Hacienda de realizar su último mega-canje de deuda y el comportamiento reciente del mercado cambiario que, no obstante seguir un patrón cíclico, también se observa un aumento de la demanda de divisas no explicado por la estacionalidad, para mencionar solo algunas de estas señales”, agrega.

Tanto el Colegio de Ciencias Económicas como el de Abogados le enviaron al Gobierno ocho propuestas para resolver la crisis fiscal del país: reactivación económica, reducción del gasto, aumento de impuestos, eliminación de exoneraciones, democracia económica y venta de activos estatales, control de la evasión y elusión fiscal, derechos y garantías del contribuyente y cuantificación del efecto de algunas de las propuestas.

En cuanto al aumento de impuestos el colegiado “no recomienda el impuesto a las transacciones financieras por sus distorsiones en la intermediación financiera y por fomentar la informalidad y el uso del efectivo”.

En la carta abierta enviada y la cual está firmada por Ennio Rodríguez Céspedes, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas y por Álvaro Sánchez González, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, ponen a disposición del Ejecutivo los equipos de especialistas los cuales, aseguran, están dispuestos a trabajar voluntariamente y de manera gratuita para contribuir con estudios técnicos y preparar proyectos de ley.