Colaborador de fundación tenía en su casa una caja fuerte con ¢154 millones, confirma OIJ
El dinero fue decomisado como parte de una pesquisa que la Policía Judicial desarrolla por presunta malversación de fondos y peculado, en contra de una organización sin fines de lucro.
Un colaborador del hogar Manos Abiertas tenía una caja fuerte en su casa, de la cual se extrajeron ¢154 millones en efectivo.
El hallazgo fue confirmado por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante una consulta de Teletica.com.
Los fajos de billetes fueron encontrados en una vivienda en el condominio Villa Flores, en Desamparados de Alajuela, durante un allanamiento ejecutado en el marco del expediente 23-00001-1869-PE, en el que el Ministerio Público y la Policía Judicial persiguen una presunta malversación de fondos, un supuesto peculado y una aparente legitimación de capitales.
Esa vivienda pertenece a un hombre de apellido Granados, de 52 años de edad. Él es un ingeniero, quien asistía a la organización no gubernamental con asuntos relacionados con su profesión, indicó a este medio el vocal de la Junta Directiva de Manos Abiertas, Édgar Rodríguez.
Teletica.com consultó al representante de la fundación si tenía conocimiento sobre por qué este colaborador tenía en su poder esa cantidad de dinero en efectivo, el vocero señaló que no podía referirse a ese particular, pues se trataba de un asunto privado, externo a la organización sin fines de lucro.
Granados permanece aprehendido junto a cuatro mujeres de apellidos Rodríguez (madre superiora, 54 años), Villalobos (colaboradora, 44), Quirós (colaboradora, 39) e Hidalgo (colaboradora, 52).
A los cinco se les achacan los supuestos de explotación y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado, así como legitimación de capitales.
Los primeros dos delitos se relacionan con la aparente contratación de cuidadores y otros personeros, a los que presuntamente se les sometía a extensas jornadas de trabajo, sin que se les reconociera un salario u horas extra.
Pero tres fiscalías también investigan situaciones que, presuntamente, se dieron en la atención de menores de edad y adultos mayores en fase terminal, por parte de los imputados.
Sin embargo, la línea original de investigación apunta a que los imputados posiblemente tuvieron un manejo irregular de los casi ¢6.500 millones que el Estado transfirió a Manos Abiertas en los últimos cinco años. Esto por cuanto se cree que una parte de esos recursos fueron utilizados para la compra de propiedades, bienes y viajes al extranjero.
