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Casos como el de la “Trocha Fronteriza” (2012), el “Cementazo” (2017) y la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (2020) aún no llegan a juicio porque son complejos: requieren una gran investigación y, muchas veces, los defensores de los imputados realizan una serie de gestiones para ralentizarlos.​

Así lo afirmó la fiscala general, Emilia Navas, este jueves en conferencia de prensa.

Navas considera que las investigaciones de hechos de corrupción son muy complejas y toman tiempo por el tipo de pruebas que se necesitan; sin embargo, asegura que los fiscales que integran el Ministerio Público tienen la suficiente experiencia y trayectoria.

“El Ministerio Público está compuesto por casi 1.600 funcionarios y todos los fiscales que lo integran tienen gran experiencia y trayectoria. El hecho de que en algún momento algún fiscal se separe de alguna causa no significa que el caso se va a caer o trabajarse mal, lo altamente calificado de las personas que forman parte de la Fiscalía de Probidad permite que los casos caminen independientemente de que alguien de la Fiscalía General se separe”, dijo la fiscala Navas.

Caso “Trocha Fronteriza”

Según la jerarca del Ministerio Público, el caso de la “Trocha", que no es de su gestión sino de la anterior, está esperando el señalamiento.

Tiene fecha de juicio, pero están esperando un espacio en los Tribunales de Justicia.

Por este caso hay 13 imputados. ​Entre ellos sobresale Carlos Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Manuel Serrano Alvarado, quien fue el encargado del proyecto, y Miguel Ramírez Marín, ingeniero supervisor de la obra.

Además de los exfuncionarios del Conavi, figuran como imputadas varias personas que simularon ser inspectores de la institución, empresarios y algunas esposas de los imputados.

Según el Ministerio Público, se investigan los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, influencia contra la hacienda pública, legitimación de capitales, entre otros.

Caso “Cementazo”

Emilia Navas confirmó, este jueves, que el caso conocido como “Cementazo” ya está en la Fiscalía de Probidad y está en revisión el proyecto de requisitoria que se les presentó.

Nada más están a la espera de que termine la revisión de la prueba y les confirmen que tiene el visto bueno para luego ser presentado ante el juez.

Por este caso figuran como imputados el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños, su esposa de apellidos Suárez Aguilar y otras siete personas, entre ellos dos funcionarios del Banco Popular.  

Estas personas fueron acusadas por los supuestos delitos de influencia en contra de la hacienda pública y falsedad ideológica.

Caso Upad

A un año y medio del allanamiento en Casa Presidencial por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Emilia Navas indica que está esperando que el expediente le sea devuelto “porque las personas que figuran como abogados defensores se han encargado de retrasarlo”.

“Cuando se hicieron las diligencias (allanamientos) y se obtuvo documentos, dispositivos electrónicos, así como otro tipo de evidencia para ser analizada y avanzar en la investigación, hoy, casi año y medio después, no se ha podido avanzar con el caso porque los abogados defensores impugnan todo lo que se hace: las decisiones del Ministerio Público, las del juez penal, las de la Sala, también presentan actividades procesas defectuosas y hasta recursos de apelación”, comentó Navas.  

La fiscala está esperando que devuelvan el expediente porque todavía están pendientes de que la Sala de Casación Penal resuelva actividades procesales defectuosas que los defensores han presentado. Esto, asegura Navas, es ajeno a las tareas del Ministerio Público y hasta que la Sala no resuelva los reclamos, lógicamente la investigación no avanza.

Por este caso, el Ministerio Público realizó más de diez allanamientos.

Se investiga al presidente de la República, Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro, así como a Diego Fernández Montero, Alejandro Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos, quienes trabajaron en la Unidad de Análisis. 

También Luis Fernando Salazar Muñoz, quien fue el abogado que revisó el decreto, y Felly Salas Hernández, exdirectora de despacho del presidente Alvarado.  

Todas estas personas son investigadas por presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

De acuerdo con la investigación, desde mayo de 2018 y hasta octubre de 2019, la unidad gubernamental recopiló y analizó datos sensibles de la ciudadanía a través de diferentes instituciones.

“Estos atrasos en los casos, que en ocasiones dura hasta años, es algo que pasa comúnmente cuando son investigaciones de hechos de corrupción donde hay un número importante de personas imputadas y a cargo de la defensa”, agregó Emilia Navas.  

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