Última Hora

Fue el viernes 3 de noviembre de 2017, a eso de las 5 de la mañana, cuando autoridades del Ministerio Público, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron al empresario Juan Carlos Bolaños por el caso del cemento chino.​

La detención se realizó en Santa Eulalia de Atenas mientras Bolaños conducía su vehículo.

Desde esa fecha, el empresario es investigado por un posible tráfico de influencias en la importación de cemento, caso que salpicó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y hasta Judicial.

Bolaños está en arresto domiciliario. Ninguna de las causas en su contra ha llegado siquiera a una audiencia preliminar, menos a juicio. La más cercana de las audiencias está programada para setiembre del año entrante.

Se investiga si el empresario habría logrado obtener de manera irregular un préstamo por más de 30 millones de dólares en el Banco de Costa Rica (BCR) y otro más en el Banco Popular, equivalente a 5 millones de dólares.

Aparentemente, las irregularidades tienen que ver con las pólizas, seguros, garantías y aprobación de sumas millonarias. Además, esos recursos estaban destinados a la compra de cemento chino, pero se investiga si una parte se usó para otros fines.

Largo proceso

Bolaños primero estuvo detenido en celdas judiciales ante el posible riesgo de que se fugara del país y obstruyera la investigación, según lo señaló el Juzgado de Turno Extraordinario de San José.

Días después, fue enviado a la cárcel de San Sebastián para cumplir prisión preventiva; sin embargo, semanas después solicitó por medio de sus abogados casa por cárcel y, mientras era analizada la petición por la Sala Constitucional, se sometió en el mes de diciembre de 2017 a una cirugía de rodilla y estuvo internado varios días en una clínica privada.

Tras salir del centro médico, fue llevado a la cárcel La Reforma donde permaneció varias semanas para luego ser trasladado nuevamente al centro penitenciario de San Sebastián debido a que, en apariencia, La Reforma no reunía las condiciones adecuadas para su recuperación.

Durante todo el año 2019 permaneció en la cárcel y fue hasta el mes de mayo que el empresario Bolaños salió para someterse de nuevo a una intervención quirúrgica y hasta la fecha cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

A finales de 2019, la Fiscalía apeló la medida cautelar de arresto domiciliario e indicó como razón que el dispositivo (tobillera electrónica) se había desconectado por cuatro horas, pero el Juzgado de Hacienda rechazó la solicitud.

En el mes de mayo de 2020, Bolaños publicó un video en sus redes sociales donde arremete contra la Fiscalía e indica que a él se le acusó ante el país por una simulación de delito e interposición de una denuncia calumniosa, entre otras cosas.

“El caso del cemento ha sido una trama, una historia impuesta para cambiar de Fiscal General, atacar al anterior Fiscal (Jorge Chavarría) con información fraudulenta y falsa porque mis cuentas estaban al día en el momento de la detención. Entonces, ¿qué es el caso del cemento? Un caso inventado a lo interno del BCR con un informe emitido por Guillermo Quesada Oviedo, hoy asesor de la Fiscalía General, el cual no tiene ninguna contratación en dicha institución o por lo menos no lo he visto”.

Aquí puede observar el video completo con las declaraciones de Juan Carlos Bolaños:


¿Qué hay de nuevo en el caso de Juan Carlos Bolaños y el cemento chino?

La Unidad Especializada de la Fiscalía General le indicó a Teletica.com que Bolaños Rojas cumple las medidas cautelares de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, impedimento de salida del país, entrega de cédulas hipotecarias en favor del Juzgado Penal, custodia y vigilancia de la delegación policial de Atenas sobre la casa de habitación del imputado, prohibición de comunicarse con testigos de la causa y prohibición de comunicarse con funcionarios del Banco de Costa Rica.

Estas tienen vigencia hasta el próximo domingo 2 de agosto, por lo que la semana pasada se realizó una audiencia ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José, en la que la representación fiscal solicitó la prórroga de las medidas cautelares; actualmente, el despacho se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal.

El Ministerio Público informó que la audiencia preliminar de la causa 17-000013-0033-PE (Influencia contra la Hacienda Pública) está programada para realizarse a partir del 1 de setiembre del 2021 y hasta el 1° de diciembre de ese mismo año. Se trata de uno de los créditos otorgados por el banco Popular a Bolaños.

Por su parte, aún no se tiene fecha para la realización de la audiencia preliminar del expediente 17-000015-0033-PE. En este caso, el Ministerio Público los acusa por los delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias agravados y fraude de ley por el viaje a Panamá que realizó Gamboa en 2016 y que, se investiga, si habría sido costeado por la empresa de Bolaños.

​“En apariencia, el importador de cemento mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, entre otros, acerca del tiempo que tenía de conocer al entonces magistrado Gamboa y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá y el desconocimiento de la forma de pago del tiquete y hospedaje”, señaló la Fiscalía.

La Procuraduría de la Ética Pública demandó a principios del mes de julio al exmagistrado Celso Gamboa y al empresario Juan Carlos Bolaños por ₡25 millones, luego de interponer formalmente la querella y acción civil resarcitoria en el proceso penal que se sigue contra ambos..

El tercer caso es propiamente el crédito del Banco de Costa Rica, cuya investigación aún no concluye.

Por este caso del cemento chino, permanecen en arresto domiciliar Juan Carlos Bolaños y Mario Barrenechea, exgerente del BCR, quien también fue detenido el 3 de noviembre de 2017 por supuestas irregularidades cometidas en el crédito otorgado a Juan Carlos Bolaños.

Junto a Bolaños, también aparecen señalados su esposa de apellidos Suárez Aguilar y otras siete personas, todas acusadas de los delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

Juan Carlos Bolaños: “Esto es una injusticia y la estafa más grande”

Teletica.com conversó con Juan Carlos Bolaños sobre las acusaciones e investigaciones que hay en su contra por el caso del cemento chino y aseguró que la privación de su libertad es una mentira que no ha sido investigada.

“El caso del cemento es la estafa más grande de la historia del país, esto es generado por los políticos que hoy nos arruinan. Yo logré traer barcos de la otra mitad del mundo con cemento que beneficiaría a muchos y a precios que valen la mitad de a como hoy se venden. Algunos lo que buscan es adquirir por menudos las instituciones del Estado”, dijo Bolaños.

Señala además que, “mi privación de libertad fue una mentira de la cual la Fiscalía no ha investigado en estos mil días. Me señalan por cosas que no cometí y ocultando información, o simplemente no indagando a más personas sospechosas que están involucradas y quienes son los responsables realmente”.

“A la Fiscalía General en todos estos mil días no le ha importado que los ticos puedan tener un cemento más barato, hoy tienen que pagar mucho más y eso le cuesta bastante al Estado; vea el montón de infraestructura vial que están desarrollando en el país. Detrás de todo esto hay muchos involucrados”, agrega.

“Se me privó de mi libertad a mi como empresario y sin ninguna sentencia, este país en vez de ser democrático pasó a ser comunista por como actúan quienes nos gobiernan”, dice Bolaños.

“Estoy a la orden, con toda claridad y transparencia puedo contarle al país mi buen actuar porque esto no puede continuar; mi situación tiene que ser un ejemplo para que las cosas no sigan de esta manera en una tierra tan hermosa como nuestra Costa Rica”, agregó.