CCSS choca ahora por morosidad de empresa mejor calificada para nuevo hospital de Cartago
Junta Directiva está reunida desde las 9 a. m. de este jueves para tomar una decisión sobre el futuro del cuestionado proyecto.
Una nueva diferencia de criterio entre la Dirección Jurídica y la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vuelve a poner en jaque el futuro del nuevo hospital de Cartago.
La disputa, planteada este jueves en la sesión de Junta Directiva de la institución, gira en torno a la recomendación de adjudicar a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A. el cuestionado proyecto de ese centro médico.
La Dirección Jurídica insiste en que la compañía azteca no estaba inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) al momento de concursar y que, además, su representante en Costa Rica está moroso con la Seguridad Social.
Sin embargo, la Gerencia de Infraestructura defiende que esa inscripción ante el CFIA no puede exigírsele a una empresa extranjera sin experiencia en el país, pero sí a partir de esa licitación.
Mientras que en el caso de la morosidad, la Gerencia demostró que el representante moroso fue una subcontratación del bufete legal elegido por la compañía para ese concurso y que ya se cambió.
Aun así, la Junta Directiva está dividida en el tema.
“Aquí tenemos un serio problema, la exposición de la Dirección Jurídica nos afinca dos problemas que no se pueden soslayar y no se puede ignorar.
“Recordemos que, en última instancia, es la Dirección Jurídica la que da el aval de legalidad a cualquier contratación, no solo a este sino a cualquiera, respetables las dos posiciones jurídicas; sin embargo, a nivel de Junta Directiva tenemos que tomar una decisión”, aseguró la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.
Martha Rodríguez, representante de los sindicatos, pidió a la directiva no detenerse en esa discusión y si es el caso adjudicar a la firma Van Der Laat, segunda en el cartel, para así sortear ese inconveniente.
José Luis Loría, también representante del sector trabajador, cuestionó que si ese cambio se daba, el Estado debería pagar $80 millones más por el proyecto, pues esa es la diferencia entre ambas ofertas.
Ambos coinciden, sin embargo, que lo que no puede dividir al órgano es el terreno de El Guarco, que ya obtuvo todos los criterios de viabilidad y que, insisten, deberá ser el que albergue el nuevo centro médico.
La tesis que defiende la Gerencia de Infraestructura es que los cuestionamientos de la Dirección Jurídica son reparables y que eso no debería provocar un aumento en el costo del proyecto.
La Junta Directiva sesionará por lo que resta de este jueves con ese único tema en agenda.
