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La Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó formalmente la apertura de un procedimiento administrativo contra cinco funcionarios señalados por la aprobación y trámite de dos millonarios contratos para la compra de mascarillas sin cumplir con la rigurosidad ni el debido proceso.

La solicitud fue presentada ante el Centro de Instrucción para los Procedimientos Administrativos (CIPA) contra el gerente de logística Luis Fernando Porras y el asesor de esa gerencia Hans Vindas (ambos separados de sus cargos por cuatro meses), así como Soraya Solano, Nidia Medrano y Esteban Corrales, miembros de la comisión ad hoc que avaló los contratos.

La solicitud también incluye la apertura de un proceso contra la directora general de la empresa MR Comunicaciones Políticas, Miren Martínez, una de las adjudicatarias de esos contratos.

Todos esos nombres han sido públicos a lo largo de la investigación que se sigue por el caso en la Asamblea Legislativa.

“La decisión se fundamenta en elementos probatorios contenidos en el Informe de la Gerencia de Logística suscrito por el doctor Esteban Vega de la O, Gerente de Logística a.i., mediante el cual remite las acciones evidenciadas en relación con el procedimiento de compra ejecutado de forma urgente para la adquisición de respiradores filtrantes de partículas.

“La remisión de los hallazgos al CIPA y la instrucción de un procedimiento administrativo, buscan la determinación de la verdad real de los hechos y establecer las sanciones correspondientes en caso de que procedan”, aseguró la institución.

La CCSS explicó que las sanciones que puedan derivar de ese proceso administrativo deberán ser impuestas “por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en contra de los funcionarios que realicen actuaciones contrarias a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y el presente Reglamento”

Dichas sanciones pueden ser un apercibimiento escrito, suspensión sin goce de salario, despido y retiro de credenciales, según las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa. 

Por este caso también fue separada de su cargo la asesora legal de la gerencia de logística, mientras que el director de aprovisionamiento de bienes y servicios y el jefe de área de Adquisiciones de Bienes y Servicios fueron trasladados a otras funciones.

La comisión técnica, por su parte, fue disuelta.

La semana anterior el auditor interno de la Caja, Ólger Sánchez, reveló a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos que esos contratos fueron negociados sin garantías de cumplimiento ni sanciones penales.

Añadió, además, que la CCSS actuó mal en darle ese análisis a una comisión sin experiencia y que cumplía una duplicidad de funciones dentro de la institución.

Dijo, además, que los contratos aprobados tenían suficientes vicios para haber sido anulados y que, en última instancia, el insumo médico presentado nunca debió haber sido recibido.