Por Paulo Villalobos 30 de octubre de 2026, 15:51 PM

El caso contra el empresario Juan Carlos Bolaños y otras ocho personas por las supuestas anomalías ocurridas en créditos por $13,5 millones otorgados por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) para la importación de cemento chino, llegará a juicio 12 años después de que se abrió el expediente.

Originalmente, el debate estaba programado para celebrarse del 2 de noviembre próximo hasta el 22 de enero de 2027, en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública; sin embargo, el inicio tuvo que aplazarse del 8 de enero al 4 de mayo de 2029, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia a Teletica.

En la respuesta proporcionada no se ahonda en detalles sobre las razones de ese cambio.

Para ese momento habrán pasado 12 años desde que se abrió la sumaria 17-000013-0033-PE, en la que la Unidad Especializada de la Fiscalía General acusó múltiples cargos de influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

La pieza del Ministerio Público señala, además de a Bolaños, a la esposa de este, de apellido Suárez, así como a un primo del mismo que fungía como gerente general del Grupo JCB, de apellido Rojas, así como al gerente financiero de apellido Cortés.

Pero también acusa a otras cinco personas, quienes para el momento de los hechos ocupaban cargos en la entidad financiera. Estos son de apellidos Delgado (jefe de la División de Banca Institucional), Bogantes (analista de créditos), Gómez (ejecutivo de negocios), Thompson (ejecutivo de negocios) y Arias (perito).

De acuerdo con la acusación, los imputados supuestamente dirigieron acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria JCB, para la importación y comercialización de cemento proveniente de China.

En apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron ese producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.

La investigación señala que, presuntamente, Bogantes y Gómez, en conjunto con Bolaños, acordaron ser socios comerciales en la venta del producto, mientras se tramitaba el análisis y aprobación del préstamo.

De igual manera, las indagaciones arrojan que, con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular, no se importó cemento.

Aunque Bolaños no se ha referido concretamente a las irregularidades con las que se le asocia en el Banco Popular, el empresario sí comentó, el 13 de enero pasado, sobre los casos que se siguen en su contra.

En la antesala de un debate que debía afrontar por supuestas dádivas que dio al exmagistrado Celso Gamboa, a cambio de que este se interesara indebidamente en sus asuntos penales, el empresario dijo ser víctima de una "estafa procesal", que es como él se refiere a las tramas de corrupción del escándalo del "Cemento Chino".

Alrededor de esa persecución, sostiene el empresario, están intereses de la Fiscalía, entre otras personas.

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