Caso Barrenador: Cooperativa denuncia supuesta actuación impropia de Fiscalía Anticorrupción
La queja fue planteada ante la Inspección Fiscal por una presunta falta grave. En ella también se señala a la oficina de prensa del Ministerio Público.
Coopesalud, una de las cooperativas investigadas en el caso policialmente conocido como Barrenador, denunció el miércoles a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como de la oficina de prensa del Ministerio Público, por el manejo supuestamente irregular de información.
La queja planteada contra la Inspección Fiscal se relaciona con una respuesta dada por el departamento de comunicaciones a siete medios, en relación con un aparente borrador del estudio de razonabilidad de precios hecho por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), explicó la mañana de este jueves el abogado Sergio Castillo, defensor del gerente general de Coopesalud, Alberto Ferrero.
Dicho documento fue planteado por una de las defensas en la audiencia de apelación de medidas cautelares que se celebró entre el 5 y 6 de diciembre pasado en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública. Dicho órgano lo rechazó en ese momento.
Sin embargo, el 8 de enero anterior, el Ministerio Público informó a los medios de comunicación que, tras una revisión, concluyó que el documento en cuestión es "falso". Teletica.com también recibió la explicación dada por la Fiscalía Anticorrupción.
De las publicaciones se consignó que se llevó a cabo un "análisis pericial", como reza la denuncia en poder de este medio, pero ese estudio no consta de ninguna en el expediente 24-000267-1217-PE, según Castillo.
Lo anterior da pie a que la defensa de Ferrero alegue que la Fiscalía Anticorrupción y el departamento de comunicaciones dieron "información que no tiene un sustento probatorio" en la sumaria.
También se señala un supuesto incumplimiento de esos despachos a los artículos 295 del Código Procesal Penal; 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; 1, 3, 4, 6 y 9 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales; así como 2, 9 y 12 Ley de Protección a Víctimas y Testigos. También se denuncian aparentes transgresiones a las circulares 04-ADM-2019 y 28-ADM-2020 de la Fiscalía General.
El órgano disciplinario de la Fiscalía confirmó haber recibido la denuncia y haberle asignado al expediente 25-000053-1821-DI.
"Diferencias de criterio"
Los despachos denunciados externaron su respeto al proceso accionado por el abogado Sergio Castillo, ante consultas separadas de Teletica.com.
"El Ministerio Público respeta las acciones que decidan tomar las diferentes partes del proceso, y considera que, en un Estado de Derecho como el costarricense, es normal que existan diferencias de criterio cuando se trata de asuntos vinculados a partes imputadas", indicó la Fiscalía Anticorrupción.
Este despacho además enfatizó que el único informe de razonabilidad de precios existente es el que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP); mismo que fue utilizado por la Junta Directiva para adjudicar las ofertas presentadas por las cooperativas y asociaciones interesadas de la licitación mayor 2023LY-000002-00011001142.
"Respecto a la reacción solicitada, la oficina de prensa es absolutamente respetuosa y responsable en el manejo de la información oficial que se entrega a los medios de comunicación, previa solicitud o de manera oficiosa, y lo hace respetando la Constitución Política y las leyes, al amparo de la ética y los más altos estándares periodísticos", señaló por su parte el departamento de comunicaciones.
Debido a la existencia del proceso en sede disciplinaria, ese último despacho acotó que no emitirá declaraciones adicionales hasta que culmine la investigación del caso.