Caso Barrenador: CCSS adjudica áreas de salud a cuatro cooperativas por ¢65 mil millones

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicó a cuatro cooperativas la administración de siete de las nueve cooperativas que corren riesgo de quedarse sin servicios tras la anulación de un contrato previo, tras el estallido del caso de presunta corrupción conocido como Barrenador.

Se trata de los servicios correspondientes a Pavas de San José, Desamparados, Escazú, Santa Ana, Tibás, San Pablo y Barva, que cubren una población estimada de 550.000 personas.

En total, la institución desembolsará por ¢64.738 millones por los 30 meses de funcionamiento de los centros médicos, lo que incluye 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis). El contrato entrará a regir el próximo 1.° de julio.

A diferencia de la vez anterior, la determinación la tomó la Junta de Adquisiciones de la entidad que vela por la seguridad social, en lugar de la Junta Directiva.

Esta instancia técnica está conformada por las gerencias Médica, Administrativa, Financiera, Logística e Infraestructura y Tecnologías.

Mediante un comunicado, la institución aseguró que la decisión se dio tras conocer una serie de estudios técnicos, administrativos, financieros y legales, así como la recomendación de la Gerencia Médica.

Precisamente, la desvinculación de esos criterios es uno de los principales cuestionamientos en el escándalo de supuesto tráfico de influencias que derivó en la suspensión de Marta Esquivel como presidenta ejecutiva de la Caja, de los directores María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas, así como de la gerente general María de los Ángeles Gutiérrez.

La contratación se hizo mediante un procedimiento especial de urgencia de “proveedor idóneo” que inició el 27 de marzo anterior. Ese mismo día fue que se declaró la nulidad de la licitación mayor previa por vicios en su motivación; aspecto que había sido detectado y advertido por la Contraloría General de la República (CGR).

Esta adjudicación se hizo a las cooperativas Cogestionaria de Salud Santa Ana (Coopesana R.L.), Autogestión de Servicios Integrales de Salud de Barva (Coopesiba R.L.), Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (Coopesalud), Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral R.L. (Coopesain).

Precisamente, estas figuran como las presuntas beneficiarias de los hechos que investigan las fiscalías General, así como Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

La modalidad elegida en esta ocasión por la institución, contenida en el artículo 166 del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública, permite que la administración pueda en situaciones donde la necesidad se vea mejor atendida, proceder con una única propuesta, debiendo dejar en ese caso acreditadas las razones especiales.

Eso sí, estos deben haber cumplido con una experiencia comprobada y capacidad operativa demostrada. Las cooperativas en cuestión han brindado servicios en esas mismas áreas durante más de 20 años.

Pero la Caja defendió que efectuó un “análisis robusto de razonabilidad de precios” a cargo del área de Contabilidad de Costos (aspecto cuestionado en la contratación que hizo la Junta Directiva), el cual confirmó que los montos adjudicados son “coherentes” con contrataciones previas.

Sobre la contratación, el abogado de Coopesalud, Roy Ramos, indicó: "Nos complace enormemente la disponibilidad que mostró la institución para analizar nuestros argumentos en forma objetiva y transparente, pero principalmente la posibilidad de dar continuidad a las comunidades que requieren de nuestros servicios".