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Natalie Montiel, subgerente de Sistemas Periféricos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) asegura que están buscando nuevos controles y que rechazan cualquier acto de corrupción. De momento, solo dos contrataciones vinculadas con empresa investigada se mantienen vigentes.

“Nuestra administración superior desde la presidencia ejecutiva y la gerencia general, ya han establecido junto con nuestro proveedor, el área de proveeduría y el área legal, el analizar el proceso y poder generar algunos otros controles que más adelante estaremos comunicando.

“De parte del AyA aseguramos la mayor transparencia y rechazamos y condenamos totalmente cualquier posible acto de corrupción que exista”, aseguró.

En la institución confirmaron, además, que de las contrataciones realizadas en la Dirección Regional Pacífico y vinculadas a las empresas relacionadas en el proceso de investigación del caso Azteca, únicamente dos de ellas se mantienen vigentes.

“Se encontraron 20 contrataciones por escasa cuantía realizadas por la Regional a través del llamado Fondo de Trabajo, así como una licitación a través de la Proveeduría Institucional, en Pavas, las cuales fueron adjudicadas a dos empresas vinculadas”, expresó la entidad.

El monto total de dichas contrataciones, efectuadas entre 2019 y 2020, es de 953 millones de colones. 

“Estamos dando seguimiento y curso a todo lo que nos solicite el OIJ y las instancias judiciales en este caso, con la mayor transparencia y la mayor de las colaboraciones. Por supuesto que es un caso que vincula, supuestamente, a 14 funcionarios nuestros y que son investigaciones directas con ellos del caso llamado Azteca, no es directamente con la institución”, agregó la funcionaria.

Cadena de funcionarios

En el AyA revelaron que este tipo de procesos de contrataciones son inferiores a los 152 millones de colones y que se necesita toda una cadena de funcionarios para efectuarlos.

“El proceso de contrataciones ya sea en las sedes regionales que son de escasa cuantía, ellos solo pueden contratar hasta cierto límite lo que es inversión pública y lo que es gasto y cuando supera los 152 millones pasa a una licitación que se hace en sede en Pavas desde nuestra proveeduría nacional. Esto lleva una serie de aprobaciones de jerarquías de diferentes niveles.

“El sistema de contrataciones es funcional, pero no es inmune a que, en apariencia y de forma premeditada, las personas generen acuerdos y suministren información sensible, según lo han dado a conocer las autoridades judiciales. Esto es una cuestión de ética, valores y deber de probidad de cada persona”, concluyó la subgerente de Sistemas Periféricos.

Tanto la Dirección Jurídica como la Proveeduría Institucional realizan la valoración correspondiente de las acciones a seguir con respecto a esas contrataciones.