Cantidad de resoluciones de Sala IV incumplidas se duplicó en cuatro años
La mayoría de los desacatos vienen de la Caja de Seguro Social, el Gobierno y las municipalidades.
Los incumplimientos a resoluciones de la Sala Constitucional se duplicaron en los últimos cuatro años, al pasar de 389 casos en 2022, a 788 en 2025.
Así se desprende del primer Informe Estadístico sobre Cumplimiento e Incumplimiento de Sentencias Constitucionales 2018-2026, elaborado por el Centro de Jurisprudencia Constitucional (Cejuco), a partir de un análisis técnico de sentencias y actas de votación del Alto Tribunal.
Durante el periodo analizado, se estudiaron 254.817 asuntos votados, de los cuales 65.404 correspondieron a sentencias con al menos una orden concreta. De estas, se registra un nivel general de cumplimiento del 95,13%.
No obstante lo anterior, los incumplimientos evidencian una tendencia sostenida al alza.
En 2018 se registraron 86 casos y, a partir de ahí, el crecimiento es "progresivo pero moderado" hasta 2021, cuando se alcanzan 196 incumplimientos. En 2022 se produjo un "punto de inflexión", pues ese año, la cifra prácticamente se duplicó hasta alcanzar los 389 casos.
Desde ese momento, la tendencia se mantiene "en un ascenso continuo", con 533 casos en 2023, 659 en 2024 y un máximo de 788 en 2025. Para el primer trimestre del año en curso se reportan 183 casos, casi lo mismo que se registró en todo 2021.
El estudio determinó que la mayoría de los incumplimientos tienen que ver con temas de salud, trabajo o municipalidades.
Asimismo, halló que las instituciones con más desacatos son la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Gobierno de la República y las municipalidades.
De igual forma, el informe concluye que, en el periodo en cuestión, los magistrados han privilegiado la aplicación de medidas progresivas orientadas al cumplimiento efectivo de los fallos, antes que la imposición de sanciones severas.
El estudio apunta que la mayoría de los incumplimientos de sentencias se atienden mediante la reiteración de las órdenes previamente dictadas, pues la figura de "se reitera" concentra 3.317 registros.
Para 419 asuntos, los altos jueces concedieron tiempo adicional para el cumplimiento de las disposiciones.
En contraste, las acciones de carácter más severo son poco frecuentes, pues apenas 20 casos implicaron la apertura de procedimientos administrativos y en 31 se solicitó un testimonio de piezas y su posterior remisión al Ministerio Público.
Vale recalcar que los incumplimientos de órdenes de la Sala pueden llegar a ser sancionados con entre 3 meses y 2 años de cárcel, o bien, entre 20 y 60 días multa, según dispone el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El informe en cuestión forma parte de un proyecto institucional orientado a fortalecer la transparencia judicial, ampliar el acceso a la información pública y a modernizar los servicios de consulta jurisdiccional. El mismo forma parte de una estrategia de innovación que busca fortalecer la rendición de cuentas, generar herramientas estadísticas, así como modernizar los sistemas de búsqueda y consulta jurídica.
Ahora la información se actualizará trimestralmente, como parte de un proceso permanente de sistematización desarrollado por el Centro de Jurisprudencia Constitucional.
