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El alcalde de San José, Johnny Araya, investigado por corrupción en Costa Rica, contactó al actual candidato presidencial en Honduras y alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, con el fin de favorecer a un empresario amigo, según documentos judiciales a los que accedió la AFP el jueves.

Araya y el empresario Daniel Cruz fueron detenidos el lunes durante una operación anticorrupción, el caso "Diamante", que implica pago de sobornos a cambio de obras públicas y que involucra a autoridades, funcionarios estatales y empresarios.

Inicialmente se detuvo a seis alcaldes, entre ellos Araya, pero todos fueron liberados la noche del miércoles, con medidas cautelares.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Cruz, propietario de la exportadora de explosivos costarricense Explotec, solicitó a Araya, el 9 de marzo del 2021, que contacte a Asfura para que éste intercediera con el ministro de Defensa hondureño, Freddy Díaz, con el fin de que se permitiera el paso de mercancía con problemas de tránsito desde Honduras a El Salvador.

Dos días después, el 11 de marzo, el permiso ya había sido firmado.

Según la transcripción de una escucha telefónica, Araya le relató a Cruz lo que Asfura le habría solicitado al ministro: "El alcalde (Asfura) le dijo 'vea señor, le voy a pedir un favor, que cuando vea Explotec S. A., en futuros trámites, espero que nos ayude, que eso es de un hermano mío de Costa Rica".

Una fuente del entorno cercano de Asfura dijo a la AFP que el candidato reconoce que recibió la llamada de Araya porque "son amigos".

Y que luego se comunicó con Díaz para interceder por el empresario, pero que el ministro le notificó que ya la autorización estaba firmada porque se trataba de un trámite de rutina.

Asfura, candidato oficialista al sillón presidencial hondureño este 28 de noviembre, rechaza que haya existido tráfico de influencias, según la fuente.

La AFP intentó sin éxito comunicarse con el ministerio de Defensa de Honduras.

La Fiscalía pidió medidas contra seis alcaldes costarricenses, entre ellas, suspensión del cargo por ocho meses, impedimento de salida del país, firmar ante el despacho y no comunicarse con testigos. No se les congeló su salario.

"Soy inocente, y lo voy a demostrar porque tengo los argumentos y razonamientos para demostrarlo", dijo Araya a medios locales, tras salir de una audiencia. "Yo he cometido errores, pero ningún error tiene que ver con corrupción", expuso.

La investigación del OIJ reveló que la empresa constructora MECO está vinculada en la trama. Su dueño, Carlos Cerdas ya fue detenido por otro caso de corrupción, "Cochinilla", y en su foja figura el antecedente que en 2018 admitió haber pagado dádivas por contratos de obra públicas en Panamá (del caso "Blue Apple").

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