Por Mónica Matarrita 19 de noviembre de 2026, 19:30 PM

El Programa de Protección a Víctimas del Delito está adscrito al Ministerio Público y tiene como principal función salvaguardar la vida y la integridad de las personas ofendidas, los testigos y otras personas que se encuentran en riesgo debido a amenazas de muerte o por su participación en un proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía, las medidas de seguridad que contempla el programa incluyen custodia policial, reubicaciones temporales y recomendaciones de seguridad y resguardo.

Según cifras del Ministerio Público, al 21 de octubre de 2026, un total de 1.675 personas formaban parte de ese programa.

La atención de esta población representa un gasto operativo y salarial de ₡11.190.770.000.

Estos recursos contemplan la compra de víveres para las víctimas, traslados de menaje, pasajes y viáticos, hospedaje, medicamentos, servicios funerarios y artículos de estancia, entre otros gastos necesarios para brindar asistencia a las personas protegidas.

Sin embargo, el Ministerio Público advierte que, de aprobarse las normas presupuestarias para 2027, la capacidad operativa y la infraestructura del programa podrían verse comprometidas.

"Los ajustes en alquileres obligarían al cierre de al menos tres sedes regionales, lo cual obliga a las personas usuarias a desplazarse hasta las cabeceras de provincia y afecta la respuesta en horarios no hábiles.

"A nivel asistencial y de protección directa, el recorte mermaría gravemente las ayudas económicas y materiales para víctimas y testigos vulnerables que aceptan medidas de reubicación para salvaguardar sus vidas", explicaron.

Entre las principales consecuencias señaladas por la institución figura una reducción del 52% en el gasto operativo destinado a la atención de las víctimas.

Los bloqueos presupuestarios también afectarían servicios de traducción e interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO) y lenguas indígenas, así como la compra de radios de comunicación, municiones y equipo tecnológico.

A esto se suma el riesgo de limitar la renovación de chalecos antibalas, implementos considerados esenciales para proteger la integridad del personal y de las personas usuarias del programa.

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