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La Comisión Especial de la CCSS dictaminó positivamente el expediente 20.838, que busca fijar un precio máximo a los medicamentos.

Para lograrlo, la propuesta del diputado Wálter Muñoz (PIN) defiende un tope de 26% al margen de utilidad sobre el valor aduanero de todas las importaciones de medicamentos, lo mismo que para los medicamentos producidos en el país y los distribuidores mayoristas.

En el caso de los fármacos establecidos en la lista oficial de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Cuadro Básico de Medicamentos dentro del Instituto Nacional de Seguros, el tope de ese margen de utilidad será de 15% para mayoristas y detallistas.

Para lograr esto, se creará la Oficina de Control de Precios de Medicamentos, que estará a cargo de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y que se encargará de monitorear, revisar y sancionar a quienes no cumplan con esos márgenes.

De la misma forma mantendrá actualizadas las listas de precios y recaudará los ingresos por sanciones.

Se castigará la subfacturación, sobrefacturación o alteración de documentos, vender medicamentos con precios superiores al margen establecido y cualquier acción orientada a restringir la oferta, abastecimiento, circulación o distribución de medicamentos.

Por estos hechos se impondrán multas desde los 5 hasta los 70 salarios mínimos y en última instancia se podrá cancelar la licencia de importación o venta.

El destino de los fondos provenientes de las multas por violación a esta ley irá a la compra de medicamentos de la CCSS (60%), la sostenibilidad económica de la Oficina de Control de Precios de Medicamentos (30%) y al Ministerio de Salud para la realización de campañas educativas relacionadas con el uso de medicamentos (10%).

Además de esta aprobación, los diputados se enfrascaron en una larga discusión sobre el futuro de la comisión, que vence el próximo 18 de agosto.

Una parte de los legisladores buscaba que la comisión se mantuviera activa tres meses más para la discusión y aprobación de proyectos, mientras que otra más pequeña, encabezada por la oficialista Catalina Montero, defendió que le propósito del órgano fue solo evaluar la situación financiera de la CCSS y no ver proyectos de ley.

Al final se acordó aprobar una moción para presentar al Plenario la posibilidad de extenderla por esos tres meses, caso contrario se pedirá una ampliación de 15 días para entregar un informe final.