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La comisión de legislativa de Ciencia y Tecnología dictaminó, este jueves, un proyecto de ley que pretende evitar una reducción en los salarios de los educadores.

Se trata del expediente 22.744, que busca modificar la forma en la que se calcula el componente de “Incentivo para el Desarrollo de la Docencia” que percibe el personal del Título Segundo del Estatuto del Servicio Civil.

Antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), este incentivo correspondía al 8,33% del salario total del docente, incluyendo componentes como carrera profesional o los aumentos salariales. Tras la ley, se calcularía únicamente con el salario base.

Este cambio, según el diputado liberacionista Wagner Jiménez, uno de los impulsores del proyecto, genera una contradicción jurídica, dado que la Ley 9.635 establece que a ningún funcionario público se le reducirá su salario y, en este caso específico, eso sí sucedería.

A modo de ejemplo, el proyecto plantea que si se nominaliza el cálculo de este componente salarial, un docente que hoy percibe un salario base de ₡608.250, pasaría de recibir ₡103.061 adicional por concepto del Incentivo para el Desarrollo de la Docencia a ₡50.667.

El proyecto de ley lo que hace es introducir un transitorio para que se aplique una excepción a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el caso del “Incentivo para el Desarrollo de la Docencia" para el personal docente del Título Segundo del Estatuto del Servicio Civil.

También se aclara que este rubro se calcularía proporcionalmente, según sea el número de lecciones, la jornada y otros componentes salariales que la persona servidora pública ostente.

El diputado del PLN señaló que este transitorio no representa ninguna erogación presupuestaria nueva, además que de aprobarse la Ley Marco de Empleo Público y el traslado de los funcionarios del MEP a la modalidad salario global -que entrará en vigencia a un año de su aprobación-, se corregirá esta insuficiencia.