ANEP rechaza rotación de policías y pide al Gobierno estudios que sustenten la medida

La orden del Gobierno para rotar policías entre diferentes provincias ya generó reacciones.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) anunció su rechazo a la medida y pidió al Gobierno presentar los estudios que sustenten la propuesta.

Según el sindicato, una rotación de funcionarios policiales podría afectar la operatividad de los cuerpos policiales, así como la estabilidad económica y familiar de los trabajadores.

Las seccionales de ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria manifestaron su preocupación ante el anuncio de la Presidencia de la República.

El Gobierno plantea la rotación como un mecanismo para evitar el arraigo territorial y prevenir eventuales vínculos con estructuras del narcotráfico o actos de corrupción.

ANEP reconoce la necesidad de combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, pero considera que trasladar policías de una provincia a otra no garantiza, por sí solo, que se eliminen posibles prácticas de corrupción.

"Si es que hay conocimientos reales, objetivos, verdaderos de actos de corrupción en algunos policías, entonces que se actúe como corresponde en derecho, abriendo los procedimientos disciplinarios y haciendo las averiguaciones y las investigaciones que corresponden.

"No se vale que traslademos el problema a otras delegaciones o a otras zonas del país. Un corrupto no debe ser más policía, debe sacarse del ministerio, obviamente garantizándole la presunción de inocencia y el debido proceso", aseguró Benjamín Sevilla, dirigente sindical de ANEP.

El sindicato sostiene que una medida de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos que demuestren su viabilidad y efectividad.

También advierte que los traslados periódicos podrían generar mayores gastos de transporte y alimentación, problemas de alojamiento y dificultades para atender responsabilidades familiares.

Por eso, ANEP pidió al Gobierno hacer públicos los estudios que sustentan la propuesta, así como el impacto presupuestario, los criterios para definir los traslados y las condiciones de alojamiento, transporte y permanencia que tendrían los funcionarios.

Además, solicitó abrir un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales y representantes de los diferentes cuerpos policiales antes de tomar una decisión que podría afectar las condiciones laborales y familiares de cientos de trabajadores.