Ajustes tarifarios pretendidos por Japdeva son "desproporcionados", advierten cámaras

Al menos dos cámaras empresariales calificaron de "desproporcionadas" las tarifas que pretende la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

De forma separada, la Cámara de Industrias (CICR) y la Cámara de Comercio Exterior (CRECEX) se pronunciaron respecto a la propuesta de actualización de costos planteada por la institución a cargo de los puertos Gastón Kogan (Moín de Limón) y Hernán Garrón (Limón).

El planteamiento incluye una solicitud para incrementar en un 166,67% el precio máximo de remolcaje de buques, en un 78,02% en el servicio de montacargas y en un 1.069,71% en los cargos por demoras atribuibles a las compañías navieras, entre otros.

Actualmente, esa propuesta está bajo estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que debe resolver a más tardar el 17 de abril próximo.

Para el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Rodney Salazar, aunque reconoce que las tarifas no se deben mantener desactualizadas, sus ajustes no pueden avalarse sin tomar en cuesta que esos aumentos pueden trasladarse a los usuarios finales. Además, cuestionó la trazabilidad técnica detrás las solicitudes efectuadas.

A modo de ejemplo, el vocero hizo ver que la propuesta de la entidad autónoma ni siquiera busca un alza uniforme, sino que propone una rebaja en algunos rubros, como en la carga y descarga de mercadería, tanto general como suelta. En contraste, se aspira a aumentos "muy significativos", como en los servios de las grúas pórticas o las grúas nave.

Salazar apuntó que el propio informe preliminar reconoce expresamente que, al no contarse con un sistema de contabilidad de costos por servicio validado y disponible para el regulador, sus costos deben calcularse con base en horas-hombre.

Pero para la organización empresarial, ese esquema arroja diferencias marcadas entre operadoras, que oscilan entre los ¢20.000 y los ¢92.313; situación que enciende las alarmas por un riesgo de traslado de ineficiencias, estructuras dispares o vacíos de información a la tarifa final.

"Consideramos que este proceso debe revisarse con el mayor rigor técnico antes de cualquier aprobación definitiva. En particular, estimamos indispensable que se asegure una relación clara entre costo y tarifa, que se depure cualquier componente no asociado directamente al servicio, que se fortalezca la contabilidad por servicio de los operadores, que se valore el impacto económico sobre el comercio exterior y que se privilegie una transición razonable que no castigue de manera desproporcionada al usuario portuario”, señaló Salazar.

El vocero resaltó que esa situación es especialmente relevante en momentos en los que el sector enfrenta presiones por tipo de cambio, tiempos operativos, costos logísticos y competencia internacional. De ahí que incrementos abruptos en los servicios portuarios pueden golpear con especial fuerza a los exportadores agrícolas, de carga refrigerada, importadores de insumos y operadores.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias, Sergio Capón, expresó una oposición absoluta al aumento que busca la Junta de Administración Portuaria.

Al igual que lo hizo Salazar, este otro representante del sector productivo hizo ver que, desde su perspectiva, el planteamiento tiene debilidades metodológicas, inconsistencias internas e incrementos desproporcionados que afectan la competitividad.

También advirtió que, al tratarse de un componente esencial de la estructura logística nacional, un alza en los servicios portuarios como la solicitada se traslada directamente a los costos de importanción y exportación, lo que impacta la operación de empresas y el costo de los productos que ingresan al país.

"La competitividad de nuestras empresas es clave para el desarrollo del país. Aumentos tarifarios de esta magnitud, sin una justificación técnica robusta, ni un análisis de impacto económico claro, en un contexto económico tanto nacional como internacional como el actual, terminan afectando la capacidad de las empresas para competir, invertir y generar empleo", advirtió Capón.

Entre las deficiencias identificadas por la Cámara de Industrias, su presidente detalló que hay preocupaciones por la falta de una relación clara entre costos y tarifas, el uso de supuestos sin sustento verificable, inconsistencias en la asignación de costos y la ausencia de un análisis de eficiencia.

Tal situación, señaló el vocero, se hizo contrario a los principios contemplados el artículo 32 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

A ello agregó que el proceso de ajuste tarifario tiene debilidades en su desarrollo, por múltiples modificaciones sustanciales respecto a la propuesta original, requerimientos de información técnica y la cancelación de una audiencia pública. Tal situación genera dudas sobre la transparencia y seguridad jurídica de la gestión, a criterio de la Cámara de Industrias.

Pronunciamiento anticipado

Ya el 24 de marzo pasado, cinco días después de que se celebrara la audiencia pública sobre el modelo tarifario planteado, la presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria, Sussy Wing, se pronunció sobre las posiciones de las cámaras.

Puntualmente, expresó su preocupación frente a los cuestionamientos de las organizaciones empresariales, frente a lo que considera son inconsistentes en sus posiciones.

Ello lo argumenta en el tanto que, cuando la Autoridad Reguladora rebajó al 50% la tarifa de remolcaje de buques el 12 de diciembre de 2023, no hubo pronunciamiento alguno de las cámaras.

"Cabe destacar que la disminución tarifaria aplicada hace tres años generó un ahorro estimado para el sector naviero de £3.500 millones para los periodos 2024 y 2025, sin que se evidencie un traslado efectivo de este beneficio al consumidor final", argumentó la jerarca.

En línea con lo anterior, Wing recordó que la tarifa pretendida por ese concepto implica un aumento de solo $0,05 respecto al costo que se tenía antes de la rebaja del ente regulador.

Sumó que el costo pretendido ($0,32) aspira a igualar los precios que tiene en la actualidad el puerto de Caldera, en Esparza.

Asimismo, respecto al incremento planteado para los cargos por demoras, la presidenta ejecutiva hizo ver que esa tarifa no se actualiza desde hace 26 años. Esto —a su criterio— justifica el aumento del 1.069,71% solicitado.

Pero la jerarca además hizo ver que, recientemente, la institución ha identificado situaciones que afectan la eficiencia del servicio portuario y que están relacionadas con atrasos atribuibles a compañías navieras. Agregó que esas eventualidades están motivadas por el bajo costo de la tarifa de demora.

En cuanto al pedido para actualizar el costo del servicio de montacargas, la Junta de Administración Portuaria insiste en que el monto actual resulta "insuficiente y ruinoso", en el tanto que no cubre costos como la depreciación del equipo, el mantenimiento preventivo y correctivo, el costo real de repuestos, el consumo de combustible o energía, el pago del personal especializado, el pago de pólizas de seguros o el pago de los gastos administrativos.