Agencia de Protección de Datos estudia denuncia contra “Registro Nacional de Infieles”
Los infractores de la Ley de Protección de Datos Personales se exponen a millonarias multas, así como a la suspensión del funcionamiento de sus ficheros.
Una denuncia contra el “Registro Nacional de Infieles” es objeto de estudio por parte de la Agencia de Protección de Datos de Los Habitantes (Prodhab).
La directora nacional del órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz (MJP), Wendy Rivera, confirmó ante consulta de Teletica.com que mantiene en fase de admisibilidad una queja planteada contra ese sitio, en el que se divulgan supuestas infidelidades, así como los nombres de sus protagonistas, sus edades y las ciudades en las que habitan.
"En este momento, se están realizando las valoraciones técnicas y legales necesarias para determinar si procede admitirla para su trámite en sede administrativa o si, por la naturaleza de los hechos, corresponde su remisión a otras instancias", explicó la funcionaria.
Dado el estado preliminar en que se encuentra el procedimiento, y en apego debido proceso, Rivera indicó que no podía referirse al fondo de lo denunciado ni hacer valoraciones específicas sobre el caso.
La funcionaria únicamente señaló que el estudio en cuestión se efectúa de manera coordinada con el Departamento de Registro, Archivo y Bases de Datos.
Si bien la directora no precisó el tipo de proceso que analiza, lo cierto es que la Agencia de Protección de Datos puede efectuar dos tipos diferentes: uno dirigido al ejercicio del derecho de rectificación (lo que incluye la eliminación de datos) y el otro de tipo sancionatorio.
Para este último tipo de procedimiento, la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales dispone de sanciones por faltas desde leves hasta gravísimas. Los motivos para la imposición de esos castigos están contemplados en los artículos del 29 al 31 de dicha normativa.
Entre los castigos contemplados para los infractores de la mencionada legislación están multas de entre ¢2.311.000 y ¢13.866.000, así como la suspensión para el funcionamiento de los ficheros del caso por entre uno y 6 meses.
Sin embargo, quienes incumplan con esa ley, además, se exponen a consecuencias civiles y hasta penales.
Esas implicaciones aplican tanto en la recolección, almacenamiento, transmisión y empleo de datos personales sin consentimiento informado y expreso del titular, así como la divulgación o utilización de información contenida en ese tipo de registros, aun cuando sean de acceso público, recordó Rivera.
