Por Juan José Herrera |6 de enero de 2023, 10:01 AM

Un ciudadano de 72 años ha solicitado ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 222 cédulas de identidad.

A él se suma otra persona quien, a sus 36 años, ya ha tramitado 174 de estos documentos y una más de 41 años que registra 154 solicitudes.

Estos tres casos fueron proporcionados por la base de datos del TSE y reflejan las instancias más abusivas del derecho que tienen todos los ciudadanos a su identificación.

Solo en 2022, el TSE recibió 554.899 solicitudes de reposición (sin contar las personas que reciben cédula por primera vez). El costo actual para confeccionar cada uno de estos plásticos es de $10.71 (₡6.401), lo que significa que las autoridades destinaron a este rubro poco más de ₡3.552 millones solo el año anterior.

Por esa misma razón, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en abril pasado un proyecto de ley que le permitirá al Tribunal cobrar la reposición de la cédula a partir de la segunda solicitud en un mismo año calendario.

El TSE está facultado a iniciar con ese cobro a partir del 24 de mayo de 2023.

Casos eximidos

La ley, que solo tiene pendiente su reglamentación, excluye de ese pago a personas con alguna discapacidad, adultos mayores, población indígena y privados de libertad.

Además, en el reglamento las autoridades discuten agregar a personas en situación de pobreza y a cambios en los datos de registro que ameriten una renovación, por ejemplo, el género.

Aparte de estos, cualquier robo, hurto, extravío o deterioro sí será sujeto a partir de esa segunda solicitud.

No obstante, Luis Bolaños, director del Registro Civil, explicó que siempre se hará un análisis de los casos puntuales y que existirán excepciones a la regla.

“El robo o el hurto se justificaría con denuncias ante las autoridades correspondientes; son situaciones que se salen del buen cuido al documento”, ejemplificó el director.

¿Cómo se cobraría?

El derecho a la identificación es uno que tienen todos los ciudadanos y está tutelado por la Constitución Política.

Por eso, el Tribunal Supremo de Elecciones está en la obligación de garantizarlo para todas las personas.

Sin embargo, la tesis de las autoridades es que ese derecho, por sí solo, no justifica un abuso.

A manera de ejemplo, Bolaños explicó que si una persona, como los casos mencionados anteriormente, solicita una nueva reposición, el TSE tiene la potestad de exigirle un documento que lo justifique, por ejemplo, una denuncia judicial en caso de alegar robo o hurto.

Si una persona no presenta esa denuncia o justificación, ¿le van a negar el documento?

Bolaños: Sí, no se tramita.

¿Y el derecho humano a identificarse?

Bolaños: Existe, pero nosotros podemos demostrar que ha venido siete días seguidos a solicitar una cédula, por ejemplo.

¿Y eso los justifica para negarle ese documento?

Bolaños: “Es una cuestión de sopesar quién tiene la razón. Yo le encontraría justificación porque él está abusando del derecho, entonces al haber un abuso del derecho tengo derecho a responder, pero son cosas que en este país se resuelven en Sala Constitucional”, dijo el director, quien aseguró que, a la fecha, no existe ningún precedente legal en esta línea.

El reglamento de esa ley, que está próximo a someterse a consulta, incluiría también otras valoraciones; por ejemplo, la posibilidad de que una persona alegue insuficiencia de recursos para no pagar una reposición, siempre y cuando consiga testigos que respalden esa realidad bajo una declaración jurada.

Bolaños recordó que la sola necesidad de tener que respaldar las solicitudes de reposición disminuyó el número de solicitudes años atrás.

“Hubo un momento cuando el Tribunal dice que suprimamos la alusión al sexo en la cédula, que una persona molesta dijo que él quería que en su cédula dijera que era hombre, masculino, y el tema es que cada vez que retiraba la cédula y le salía sin esa información solicitaba otra y otra.

“Entonces hicimos ese reglamento donde los obligábamos a traer una denuncia de robo o de pérdida y con eso empezamos a parar, porque para poner una denuncia ante el Ministerio Público hay que sacar su rato y así se empezó a minimizar”, recordó el director.

Los cálculos del TSE muestran que de las 554.899 reposiciones solicitadas el año anterior, 33.926 habrían entrado en la lista de cobrables, según los parámetros actuales de la ley.

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