Abogado de Gerald Campos pide anular indagatoria: "No se ha respetado la Constitución"
La defensa del ministro de Seguridad Pública sostiene que la integración anterior de la Asamblea Legislativa incumplió el procedimiento correspondiente.
La defensa del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, solicitó a la Sala de Casación Penal que se anule la declaración indagatoria —momento en el que a una persona se le informan los hechos por los que se le investiga y la prueba que se tiene en su contra— que rindió el 8 de diciembre pasado.
Esto por considerar que la integración anterior de la Asamblea Legislativa (2022-2026) no dio el trámite correspondiente a la renuncia al fuero de improcedibilidad penal que hizo el jerarca el 1.° de julio de 2025, cuando encabezaba el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
Durante una entrevista con Telenoticias, el abogado del titular, Ronny Durán, confirmó que presentó una actividad procesal defectuosa, que es una figura que cuestiona una actuación en un proceso judicial por un posible irrespeto a las garantías procesales de un imputado.
"En la sesión de la Asamblea Legislativa número 31 del 1.° de julio de 2025, curiosamente, ven la carta de renuncia y la tienen por recibida. No entraron a resolver, no hay un acto administrativo por parte de la Asamblea Legislativa en el sentido de acoger la suspensión de la inmunidad de don Gerald Campos, sino que la Asamblea Legislativa la tuvo por recibida únicamente.
"Ese no es el proceso que se establece a nivel constitucional ni del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL). Se les olvidó el reglamento a los señores diputados y, por lo tanto, la tuvieron solamente por recibida", explicó el jurista.
Desde la perspectiva del representante legal, el Congreso debió recibir la renuncia a la inmunidad, instalar una comisión que analizara el caso y determinara si este tenía algún tinte de persecución política, para que luego el caso pasara al Plenario y ahí se votara si procedía o no el desafuero de su cliente.

Para la defensa, en el expediente 22-000002-1961-PE se echa de menos ese procedimiento de parte del Congreso y, por ende, el proceso debe repetirse en su totalidad y todo lo que se realizó después de la renuncia a la inmunidad debe ser declarado nulo por parte de los magistrados.
"La actividad procesal defectuosa se debe a que tenemos que ser garantes no solamente los defensores, sino también los magistrados, el fiscal, las partes que intervenimos en el proceso. Tenemos que garantizar que el proceso llegue a buen puerto respetando la normativa sobre la cual se debe regir. Y no se ha respetado aquí la Constitución Política", enfatizó el abogado.
Esta gestión llegó antes de que la presidenta Laura Fernández confirmara a Campos en su equipo, que entró en funciones el pasado viernes. La misma está pendiente de resolución de la Sala Tercera, que es el máximo tribunal en materia penal y que es el que juzga a los miembros de los Supremos Poderes.
Durán ratificó que su representado desea enfrentar a la justicia, pero recalcó que ello no puede ocurrir mediante "una serie de atropellos para llegar a una resolución", sino en respeto del debido proceso y el ordenamiento jurídico.
Campos figura como sospechoso de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron entre mayo de 2015 y enero de 2016, cuando fungía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

