9-1-1 teme "muerte" del servicio en abril por aplicación de regla fiscal

El Sistema de Emergencias 9-1-1 teme la "muerte" del servicio, en abril próximo, por la aplicación de la regla fiscal. 

Aunque el año anterior se había aplicado la cláusula de escape para reconocer los gastos adicionales derivados de la atención de la pandemia de COVID-19, el sistema no fue excluido del todo. Por eso, sus representantes alzan la voz, nuevamente, ante un eventual cierre técnico. 

Su directora, Elena Amuy, explicó que el año pasado quedaron con un saldo de ₡125 millones que, "aunque estaban en sus arcas, no podían ser utilizados en razón de la aplicación de este instrumento fiscal". Ante esa situación, dice la jerarca, decidieron dejar de pagar las facturas de los servicios de telecomunicaciones que les brinda el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

"Esto generó una deuda, un pasivo para el 2022, de alrededor de ₡70 millones, los cuales no tenemos los recursos para cubrirlos, en virtud de que el presupuesto 2022 también se ajusta a los parámetros de regla fiscal.

"Tenemos una prórroga de pago, que vence el 31 de marzo, para poder cumplir con los pagos de 2021, con la agravante de que si no realizamos dichos pagos, podríamos tener la suspensión de los servicios. Esto generaría, automáticamente, la muerte del sistema y, por supuesto, la imposibilidad de brindarle el auxilio a los costarricenses cuando recurran a la llamada de emergencia", agregó Amuy, quien advirtió que han tenido "colas de hasta 40 llamadas de emergencia" al no poder contratar más personal operativo.

¿Cuál es la solución?

Los diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Paola Vega (independiente) hicieron un llamado al Gobierno para que convoque un proyecto de ley presentado por diversas fracciones, que excluiría al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal y lo salvaría de la crítica situación que enfrenta. 

De acuerdo con Villalta, actualmente hay ₡1.400 millones acumulados, pero que no se pueden usar por las disposiciones fiscales, "absurdas", según las calificó Vega.

"Vemos que las autoridades, en una actitud de austericidio fiscal, siguen sin entender la necesidad de tomar medidas urgentes. El sistema 9-1-1 no se financia con recursos del Gobierno central, tiene un impuesto específico que pagamos todos los costarricenses en el recibo telefónico, plata que no se puede usar para otra cosa. El Gobierno no puede meterle mano para pagar deuda y que se está acumulando en una buchaca donde no se puede usar por las restricciones de la regla fiscal", criticó el legislador. 

Ambos diputados insistieron en la urgencia de que el Poder Ejecutivo convoque el expediente durante esta semana, la última de las sesiones extraordinarias. De lo contrario, tendrían que esperar hasta el próximo 8 de febrero, cuando se reanuden las labores del Plenario tras las elecciones nacionales.

"Este es un llamado a la cordura para que el Poder Ejecutivo convoque ese proyecto, para que le demos un trámite rápido en la Asamblea Legislativa y podamos decirle a la ciudadanía que el 9-1-1 va a seguir operando y no que va a cerrar en abril de este año", concluyó la independiente.

Teletica.com pidió una reacción sobre este tema al Ministerio de Hacienda, pero aún se encuentra en trámite.