Última Hora

Cerca de 9.000 manifestantes detenidos, decenas de acusados en las salas de los juzgados y demoras interminables. Un año después del inicio de la crisis política, los tribunales de Hong Kong están desbordados por los contenciosos.

En la excolonia británica se produjo, de junio a diciembre de 2019, una movilización sin precedentes contra la tutela china. Las protestas cesaron durante varios meses debido a las medidas de distancia social para contener el nuevo coronavirus.

Pero este paréntesis no habrá bastado para que la justicia pueda tratar los miles de casos que se acumulan desde hace un año. Y esta saturación podría agravarse si las protestas se reanudan.

Casi 200 personas fueron detenidas el domingo y más de 300 el miércoles, sumando en total casi 9.000 manifestantes arrestados en un año.

Unos 1.600 ya fueron enviados a juicio, 595 de ellos por "disturbios", un delito que puede ser condenado con 10 años de cárcel, conforme a una controvertida ley heredada de la colonización británica.

"Inimaginable"

"El número de dosieres es inimaginable", afirma el abogado Jonathan Man, experto en casos de derechos humanos y que interviene gratuitamente en casi la mitad de los casos de detenidos formalmente inculpados.

"La acusación y el sistema judicial solo pueden dedicar a cada caso muy pocos recursos, lo que explica los plazos", explica.

Y el cierre durante tres meses de la mayor parte de los tribunales debido al coronavirus no mejoró la situación.

A principios de este mes se produjo la primera condena por "disturbios": cuatro años de cárcel para un socorrista de 22 años.

Fue detenido el 12 de junio cerca del Consejo Legislativo (LegCo, el Parlamento de Hong Kong), cercado por miles de manifestantes que querían impedir que los diputados aprobaran el polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China continental, que había desatado las protestas.

El fallo indica que el acusado se había declarado culpable de haber lanzado objetos contra las fuerzas de seguridad y que, en primera fila de la protesta, las había atacado con barreras de acero.

"Cambiar de proyectos"

También a principios de mes, Windy, una estudiante que utiliza un pseudónimo y que está libre bajo fianza desde hace siete meses, compareció por "participación en disturbios" con otras 94 personas detenidas en septiembre, también durante los altercados cerca del LegCo.

La sala del tribunal estaba abarrotada, y los allegados de los acusados se hacinaban en los pasillos y en el exterior. Algunos de los acusados aparecieron con un contador que mostraba que llevaban siete meses de detención provisional.

"Me preparo a cambiar mis proyectos en la vida porque no encontraré trabajo en una gran empresa si soy condenada", admitía Windy a la AFP.

Este grupo no es el más numeroso, puesto que 242 manifestantes fueron acusados juntos por su papel en los hechos alrededor del campus de la PolyU, escenario en noviembre de los incidentes más violentos desde el inicio de las protestas.

Tras las primeras condenas, los magistrados son cada vez más criticados en los foros prodemocracia.

Es injusto, dice Chris, que pertenece a un grupo de voluntarios que sigue los procesos.

"Muchas personas no entienden que un veredicto no refleja necesariamente la opinión personal de un juez", afirma a la AFP, sin querer dar su identidad completa.

Para Jonathan Man, no se debería pedir al poder judicial resolver una crisis política que exige una solución política.

"El gobierno ha reenviado al campo judicial un problema que los tribunales no pueden resolver", estima.

"Las autoridades parece que creen que el movimiento cesará cuando los 'agitadores' serán condenados. Pero, de hecho, solo están creando nuevos enemigos", concluye.