Pakistán tiene previsto ejecutar al primer reo tras seis años de moratoria

Pakistán tiene previsto ejecutar mañana a un reo condenado a muerte tras una moratoria de seis años, según denunciaron organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) o la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP).

La HRCP fue la primera en dar la voz de alarma sobre la posible ejecución en la prisión de Adiala, en la localidad de Rawalpindi, de Shoaib Sarwar, condenado a la pena capital en 1998 por asesinato, una sentencia que fue confirmada en 2006 por el Tribunal Supremo.

"HRCP ha recibido con gran alarma y consternación los informes que señalan que Shoaib Sarwar (...) será ejecutado", afirmó la organización, que indicó que la petición de clemencia del reo fue rechazada por el presidente paquistaní, Mamnún Husein, en el cargo desde hace un año.

En mayo de 2013 la conservadora Liga Musulmana-N, capitaneada por el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, se alzó en los comicios frente al anterior Ejecutivo del liberal Partido Popular de Pakistán (PPP), y decidió no prorrogar la suspensión de ejecuciones vigente hasta entonces.

Uno de los argumentos más habituales entre los sectores paquistaníes que promueven la aplicación de la pena capital es que esta se homologa con los principios de la religión musulmana que deben regir en una república islámica como Pakistán, opinión que no comparten las organizaciones pro derechos humanos.

"La ejecución debe ser detenida de inmediato", afirmó el subdirector para Asia-Pacífico de Amnistía Internacional, David Griffiths, quien añadió que la medida supone "un paso atrás" en una de las "pocas áreas de derechos humanos" en los que Pakistán había avanzado.

HRW también condenó "la odiosa práctica de llevar a la gente al patíbulo" y recordó que en Pakistán un acusado puede ser condenado a la pena capital por 28 crímenes diferentes, entre ellos asesinato, violación o blasfemia, lo que ha provocado que unas 8.000 personas estén en el corredor de la muerte en el país asiático.

Las tres organizaciones coincidieron que lo que necesita Pakistán es fortalecer el sistema policial y judicial, pues la corrupción y la ineficacia atenazan el sistema judicial paquistaní, lo cual extrema el riesgo de que se ejecute a personas inocentes.

"La pena de muerte viola el derecho a la vida y no tiene cabida en ninguna sociedad que respete los derechos humanos", subrayó Griffiths.