Nicaragua informará a gobiernos extranjeros sobre reforma para excluir a opositores
El Congreso anunció este viernes que la propuesta de reformas constitucionales será entregada a la pareja presidencial "para su revisión y autorización".
El gobierno de Nicaragua expondrá a diplomáticos extranjeros una reforma que busca dejar fuera de las elecciones a partidos opositores, informó este viernes la copresidenta Rosario Murillo, tras las críticas de varios países y organismos internacionales a la propuesta.
La Asamblea Nacional y autoridades electorales -controladas por el gobierno- preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" y "golpistas" al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.
El Congreso anunció este viernes que la propuesta de reformas constitucionales será entregada a la pareja presidencial "para su revisión y autorización", y la próxima semana iniciará "un amplio proceso de consulta".
La votación del texto está prevista para inicios de agosto.
"Se van a realizar consultas con empresarios, con inversionistas, con embajadores; vamos a informar, pero además con todos los estamentos de nuestra patria bendita", dijo Murillo a un medio estatal.
Informaremos "al cuerpo democrático como corresponde, escuchamos, les escuchamos; son encuentros que hemos denominado de amistad, de hermandad entre los pueblos", añadió.
El anuncio de Ortega el domingo pasado, durante el simbólico acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, desató una oleada de condenas de organizaciones internacionales y gobiernos encabezados por Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua que ya aplica restricciones de visa a numerosos funcionarios nicaragüenses.
El presidente Donald Trump y la comunidad internacional "no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional" de Estados Unidos, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.
Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
Ellos consideran esas movilizaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.
El excomandante guerrillero gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó ampliamente sin rivales.
