Ministro de Seguridad defiende prohibición de ingreso al país de dos humoristas nicas
Gustavo Mata insiste en que fue por su seguridad. Comité de Derechos Humanos de ONU quiso ahondar más sobre el tema en reunión celebrada este miércoles en Suiza.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, defendió la decisión adoptada la semana pasada para prohibir el ingreso al país de dos humoristas de Nicaragua, quienes en el pasado han lanzado duras críticas, con acento xenófono, contra Costa Rica.
El jerarca aseguró que la decisión se basó en el artículo 61 de la ley General de Migración, que faculta al Estado a negar el ingreso cuando una persona "puede distorsionar el orden público".
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"Quiero ser muy claro en que (la decisión) se visualizó en el gran marco de la seguridad de estos dos artistas, ya que cuando Costa Rica se dio cuenta de que iban a ingresar, estas dos personas recibieron amenazas y notamos de que si se daba ese evento iba a distorsionar la seguridad del país y de las personas que asistirían, en especial de estos humoristas", explicó el jerarca.
Esta posición fue la misma esgrimida, este miércoles en Ginebra, Suiza, por Alejandro Solano, vicecanciller de la República, ante los miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El panel le consultó al funcionario sobre este hecho y si esto no ahondaría la estigmatización contra la población de Nicaragua residente en el país, y Solano indicó que la medida se adoptó por la seguridad de los humoristas, quienes -dijo- han exacerbado la xenofobia entre las dos naciones.
Lo anterior surge en momentos cuando la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, aseguró a Teletica.com que su despacho solicitó a la cartera de Seguridad, el viernes pasado, más detalles de los alcances de la medida adoptada contra José Ramón Quintanilla y Reynaldo Ruiz.
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Ambos conforman el dúo INN y han subido varios videos en YouTube en los que se burlan de los costarricenses; empero, uno de ellos subió otro video -tiempo después- en el que ofrece disculpas a los costarricenses.
"No basta con lo que diga una persona sea suficiente motivo para restringir la libertad de expresión. El Estado tiene amplia discrecionalidad en materia migratoria, pero sería una mala señal abrir un portillo que se nieguen visas por la forma de pensar o expresarse de la gente; una sociedad democratiza no debería abrir esos portillos", aseguró por su parte la Defensora.