Israel: avanza controvertida ley para reinstaurar la pena de muerte

A lo largo de los años ha habido varios intentos de reintroducir la pena de muerte en Israel, pero ninguno prosperó. Hasta ahora. La semana pasada, el 25 de marzo de 2026, una comisión parlamentaria aprobó la versión final del proyecto de ley "Código Penal (Enmienda - Pena de muerte para terroristas)". Ya esta semana, la iniciativa podría pasar a segunda y tercera lectura en el Knéset y convertirse en ley.

La pena de muerte existe en Israel para crímenes de guerra. Fue abolida en 1954 para delitos comunes en tiempos de paz, pero técnicamente sigue siendo posible para crímenes contra la humanidad o contra el pueblo judío, así como en determinadas circunstancias bajo la ley marcial.

En los pocos casos en que tribunales militares dictaron sentencias de muerte por delitos relacionados con terrorismo, todas fueron conmutadas a cadena perpetua tras apelaciones.

Sin embargo, tras los ataques terroristas liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, surgió un nuevo impulso entre legisladores israelíes para aprobar una controvertida ley que restablezca la pena de muerte. La medida se aplicaría a palestinos condenados por tribunales israelíes, tanto civiles como militares. Sus defensores sostienen que se requieren castigos más severos tras esos ataques y que parte de la opinión pública israelí ha cambiado en ese sentido.

El actual gobierno de derecha bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto. Sus críticos argumentan que es inmoral, inconstitucional y racista, ya que discrimina entre israelíes judíos y palestinos.

El proyecto ya superó su primera lectura en noviembre de 2025. Luego volvió a la Comisión de Seguridad Nacional para nuevas deliberaciones y ajustes. Se presentaron más de 2.000 objeciones, principalmente de legisladores de la oposición y del asesor legal de la comisión, según informó The Times of Israel.

Desde la creación del Estado de Israel, solo dos personas han sido ejecutadas tras ser condenadas a muerte. La primera ejecución ocurrió en 1948, cuando Meir Tobianski, un oficial del ejército, fue acusado falsamente de espionaje, condenado por traición y ejecutado. Posteriormente, fue exonerado de manera póstuma.

La segunda fue en 1962, cuando Israel ejecutó a Adolf Eichmann, una figura clave del régimen nazi en Alemania, tras un extenso juicio en Jerusalén.

¿Qué propone el proyecto de ley?

La iniciativa reduce significativamente el umbral para aplicar la pena de muerte. Según el texto, su objetivo es "establecer la pena de muerte para terroristas que llevaron a cabo ataques mortales, como parte de la lucha contra el terrorismo". También establece que "quien cause la muerte de otra persona con el objetivo de dañar a un ciudadano o residente de Israel y con el propósito de negar la existencia del Estado de Israel será condenado a muerte o a cadena perpetua, como únicas penas posibles".

La propuesta contempla dos vías: una para tribunales civiles en Israel y otra para tribunales militares en Cisjordania ocupada, que juzgan exclusivamente a palestinos bajo ley militar.

Los palestinos acusados de terrorismo en la Cisjordania ocupada y juzgados por tribunales militares enfrentarían, en principio, una condena obligatoria a pena de muerte; según el texto del proyecto, "su única pena será la muerte". Solo si el tribunal determina que existen "razones especiales" podría sustituir esa condena por cadena perpetua, lo que supondría un cambio respecto de la práctica habitual hasta ahora en esos tribunales.

Además, ya no haría falta la unanimidad de todos los jueces: bastaría una mayoría simple. Y las posibilidades de apelación serían extremadamente limitadas.

La organización israelí de derechos humanos B'Tselem afirma que estos tribunales tienen una tasa de condena cercana al 96%, basada en gran medida en "confesiones" obtenidas bajo presión o tortura.

El asesor jurídico de la comisión del Knéset, Ido Ben-Itzhak, criticó el proyecto al señalar que la enmienda "no contempla la posibilidad de indulto para una persona condenada a muerte, lo que contradice los convenios internacionales y podría generar complicaciones".

¿Cómo se aplicaría?

La ley no se aplicará de forma retroactiva ni a los presuntos responsables de los atentados terroristas del 7 de octubre, aunque sus promotores han intentado vincular ambos temas.

Sin embargo, en paralelo podría someterse a votación en el Knéset otro proyecto. La llamada iniciativa para crear un tribunal especial prevé la instauración de una instancia militar que podría imponer la pena de muerte a personas acusadas de participar en los ataques del 7 de octubre.

El Servicio Penitenciario de Israel deberá ejecutar la sentencia de muerte en un plazo de 90 días. Según el proyecto, el primer ministro puede solicitar al tribunal que dictó la condena una prórroga de hasta 180 días. La ejecución, por ahorcamiento, será llevada a cabo por un funcionario del servicio penitenciario.

¿Quién impulsa la ley?

El proyecto es promovido por legisladores del partido de ultraderecha Poder Judío (Otzma Yehudit), con apoyo de miembros del Likud y Yisrael Beitenu. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha sido una de las principales voces a favor. Durante la campaña, utilizó incluso un pin con forma de soga dorada. Tras la votación en comisión, calificó el proyecto como "la ley más importante que el Knéset ha aprobado en los últimos años" y afirmó que "con la ayuda de Dios, implementaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos".

Algunos críticos vinculan el impulso a la cercanía de elecciones en Israel.

Durante la gestión de Ben Gvir, organizaciones de derechos humanos han denunciado un aumento de abusos y torturas en cárceles y centros de detención. Según la ONG HaMoked, al menos 94 palestinos murieron bajo custodia desde el inicio de la guerra hasta agosto de 2025.

Críticas y rechazo

La ley ha sido criticada por sectores diversos: oposición política, expertos en seguridad, rabinos, médicos y organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas.

La abogada palestina Sahar Francis, radicada en Ramala, calificó el proyecto de ley como "muy peligroso". "Esta ley refleja el Estado fascista en el que se está convirtiendo Israel, porque va a ser una ley muy discriminatoria", dijo a DW, al explicar que en la práctica se aplicaría únicamente a palestinos.

También señaló que, según el derecho internacional humanitario, "Israel no tiene en absoluto derecho a aplicar la pena de muerte a personas bajo ocupación en territorios ocupados; es una ley discriminatoria que viola el derecho internacional. Nunca se los hace responder por ello".

El legislador opositor israelí Gilad Kariv (Partido Laborista) afirmó que "el Gobierno y la coalición se han subordinado a una miserable, burda, inmoral e irracional - desde el punto de vista de la seguridad - campaña electoral de Itamar Ben Gvir". También calificó el proyecto de ley como "extremo" y advirtió sobre sus posibles efectos en futuros rehenes israelíes.

La directora ejecutiva de B'Tselem, Yuli Novak, declaró que "Israel está alcanzando un nuevo mínimo en la deshumanización de los palestinos, consagrando su trato cruel en la legislación estatal. Ya mata a palestinos de forma sistemática y no enfrenta ninguna exigencia de rendición de cuentas".

En febrero, varios expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU instaron a Israel a retirar "un proyecto de ley que propone la pena de muerte obligatoria para actos terroristas, lo que violaría el derecho a la vida y discriminaría a los palestinos en el territorio palestino ocupado".

La Unión Europea afirmó que el proyecto es "profundamente preocupante" y subrayó que "la UE se opone a la pena de muerte en todos los casos y bajo cualquier circunstancia".