Indígenas y campesinos de Guatemala protestan contra planta cementera

Miles de campesinos e indígenas guatemaltecos protestaron este viernes en un municipio en el oeste del país previo al inicio de operaciones de una planta cementera que temen afectará los mantos acuíferos y causará otros daños ambientales, constató la AFP.

La instalación de la empresa en la finca San Gabriel, en San Juan Sacatepéquez, municipio ubicado 30 km al oeste de la capital, ha dividido a los pobladores.

Daniel Pascual, uno de los indígenas que lidera la protesta, explicó a la AFP que años atrás se realizó una consulta comunitaria que rechazó el proyecto. Sin embargo, las autoridades no la han validado.

"La manifestación es contra la actividad de inauguración" de la planta, ya que días atrás conocieron que este viernes se haría una ceremonia indígena para celebrar la apertura.

La firma guatemalteca Cementos Progreso confirmó en un comunicado la realización de una ceremonia maya encabezada por el sacerdote indígena Tomás Calvo, quien junto a pobladores a favor de la planta, solicitó "el permiso a la Madre Tierra y Ancestros para transformar la materia prima y darle diferentes usos".

"Reconocemos, valoramos y estamos orgullosos de la diversidad cultural de nuestro país (...), por lo que respetamos y tomamos en cuenta la espiritualidad de las comunidades", indicó el gerente de Operaciones, Mario Orellana, sin precisar fecha para el inicio de operaciones.

El temor de los que rechazan a la empresa es que acabe con los mantos de agua que surten a la población y provoque deforestación.

"Estamos hablando de una explotación para la producción de cemento pero al final es la explotación minera de los recursos que tiene el subsuelo y requiere de enormes cantidades de agua", dijo Pascual.

Uno de los momentos más álgidos de la oposición a la cementera se vivió en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital.

Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados.