Hace 30 años los derechos de las mujeres fueron declarados como fundamentales

Este miércoles 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y con este también se cumplen 30 años desde que los derechos de las mujeres fueron declarados como fundamentales.

La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, llegó para cambiar la errada percepción de que las mujeres son un “sector” diferente al modelo de lo humano, declarando sus derechos como humanos.

A pesar de esto, las mujeres de todo el mundo continúan sufriendo la vulneración de sus derechos, por lo que aún no hay una real igualdad entre el hombre y la mujer y siguen siendo discriminadas laboral, social y políticamente.

Alda Facio, exrelatora sobre discriminación contra las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y actual presidenta de la Fundación Justicia y Género, considera que el Día Internacional de la Mujer es una fecha para recordar todo lo que falta y también para celebrar todo lo que se ha logrado, como el voto femenino, igualdad salarial y nombramientos paritarios.

“Todavía falta mucho porque, aunque hay avances en leyes e ideas, los medios de comunicación siguen propagando los estereotipos dañinos contra la mujer como que es un objeto sexual, o un objeto de solo cuidar a la familia y no la enseñan como una persona entera, con diferentes trabajos. Cada vez la violencia aumenta en todos los países y es muy preocupante porque, aunque hay avances, también hay retrocesos.

“A Costa Rica le falta mucho todavía en este tema y en los países que llaman ‘el paraíso de las mujeres’ como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, entre otros, todavía se da mucha violencia, aún no se ha alcanzado la igualdad y todavía hay discriminación contra ellas”, dijo Facio.

En la actualidad, a pesar del avance significativo en los derechos femeninos, en algunos países se está retrocediendo.

Ese es el ejemplo de Irán, donde ya no pueden estudiar, o Afganistán, donde aparte de la formación académica, también se les restringe el trabajo y que caminen solas por la calle o que vayan a un parque.

Facio señaló que lo que pasa hoy día en Estados Unidos, donde se volvió a penalizar el aborto en muchos estados, provoca que muchas mujeres mueran y con esto serios retrocesos en materia de igualdad.

“El aborto terapéutico salva vidas y no debería de ser penalizado como lo es en Norteamérica. Hoy es un día para reflexionar sobre lo que está pasando y qué hay que hacer”, agregó Facio.

“A lo largo de su vida, las mujeres de todo el mundo sufren regularmente vulneraciones de sus derechos humanos y no siempre se considera prioritario hacer efectivos los derechos de la mujer. Para la consecución de la igualdad entre las mujeres y los hombres es preciso entender globalmente los distintos modos en que se discrimina a las mujeres y se las priva de igualdad, a fin de elaborar estrategias adecuadas que pongan fin a la discriminación”, describe la ONU en su sitio web.

Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, asegura que el actual gobierno del presidente Rodrigo Chaves entró con una claridad y una estrategia en pro de los derechos de las mujeres, con el objetivo principal de combatir la violencia y promover la autonomía económica con nuevos productos crediticios para mujeres que no tienen condiciones favorables.

Quesada añadió que el eje transversal es el fortalecimiento de la institucionalidad pública para poder reforzar todas las iniciativas y programas para la atención, prevención e igualdad entre hombres y mujeres.

“Estamos reforzando el combate a la violencia, acercando a las mujeres a la justicia. Este año el Inamu (Instituto Nacional de la Mujer) cumple 25 años y durante este tiempo hemos tenido seis delegaciones regionales haciendo lo mismo, por eso queremos llevarle a las mujeres más accesos a la justicia.

“Vamos a abrir 31 puntos violeta (a partir de mayo se habilitarán en todo el país) donde va a haber un profesional en ciencias sociales que pueda generar los primeros auxilios psicológicos y emocionales para las mujeres que sufren acoso, hostigamiento y violencia. La idea es que puedan ir a un lugar donde se les ayude”, comentó Quesada.

En el año 2019, la Sala Constitucional, mediante una resolución, indicó que la paridad horizontal debe cumplirse para los todos los puestos de elección popular en los gobiernos locales, lo cual incluye los cargos de alcaldías, sindicaturas e intendencias.

En las próximas elecciones municipales de 2024 deberá de cumplirse dicha resolución.

Según el Inamu, en la elección municipal del 2020 se disminuyó la cantidad de mujeres electas en los puestos de alcaldías en comparación con el cuatrienio anterior, pasando de un 14,8% en las elecciones del 2016 con 12 mujeres, a un 9,75% con 8 mujeres electas en el 2020. En el caso de las ocho intendencias, únicamente en la de Colorado quedó liderando una mujer.

“Esta resolución quedará en la historia como un logro más que permite avanzar hacia la garantía de derechos, superando las condiciones estructurales de discriminación y violencia estructural hacia las mujeres que han enfrentado históricamente", expresó Adilia Caravaca, presidenta Ejecutiva del Inamu.

Este martes el Poder Judicial presentó y entregó cuatro propuestas de reforma de ley y una propuesta de reforma constitucional a la Comisión Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

Las propuestas son una iniciativa del despacho de la magistrada Roxana Chacón y de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, las cuales tienen el apoyo de la Corte Suprema de Justicia.

“Estos proyectos garantizan una justicia pronta y cumplida en todos aquellos delitos sexuales y también se contempla una iniciativa de ley que tiene que ver con las alternativas de licencias para madres y mujeres que tengan a cargo, el cuido de niños menores de 12 años, adultos mayores o personas con enfermedad grave o terminal. 

“Esperamos contribuir con un aporte importante para potenciar el combate contra la violencia en perjuicio de las mujeres y mejorar sus condiciones en la sociedad”, puntualizó Chacón.

¿Qué dicen las propuestas presentadas por el Poder Judicial?

Hay una iniciativa para excluir del derecho de abstención a las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales, que se contempla en una reforma al artículo 36 de la Constitución Política y la reforma al artículo 205 del Código Procesal Penal, cuyo fin es fortalecer los derechos de las personas víctimas de delitos sexuales, cuando el crimen sea provocado por algún pariente cercano por consanguinidad o afinidad.

El objetivo es eliminar la facultad de abstenerse de declarar a la persona menor de edad, familiar del imputado, cuando el delito es cometido en su propio perjuicio, considerando que casi dos terceras partes de todos los delitos sexuales denunciados son en perjuicio de personas menores de edad y la mayoría se dan en el seno familiar.

También se propone modificar el artículo 293 del Código Procesal Penal, que regula el instituto del anticipo jurisdiccional de prueba. El fin es que este instituto jurídico sea de carácter obligatorio en la totalidad de los delitos sexuales que se investiguen, como ya se aplica en los casos por trata de personas.

Además, para la atención efectiva e integral de las personas víctimas de delitos sexuales, se presentó el proyecto de ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los equipos de repuesta rápida para la Atención Integral a víctimas de violación, que busca brindar los servicios requeridos, según las competencias legales de las instituciones involucradas.

Así mismo, regular la creación de la “Comisión Nacional para la Aplicación del Protocolo de las 72 horas para Víctimas de Violación”, la cual sería integrada con representantes de las instituciones que aplican el protocolo.

En materia de cuido, se propuso el proyecto de ley para que las personas trabajadoras puedan solicitar a sus patronos la reducción de la jornada laboral, en los casos en que deban asumir el cuido de personas menores de edad o de familiares con enfermedad grave o terminal.  

Con ello, se trata de proteger a las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, y a conciliar la vida familiar y laboral, sin que ello demande renunciar a sus puestos, cuya mayor afectación se registra en la población femenina.