Estados Unidos sanciona a Nicolás Maduro tras votación de Asamblea Constituyente
"Cualquiera que participe en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses", anunció Washington.
Estados Unidos aplicó el lunes sanciones jurídicas y financieras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la "ruptura del orden constitucional" que representa la Asamblea Constituyente, y dijo que esa votación confirma que "es un dictador que ignora la voluntad del pueblo".
"Las elecciones ilegítimas de ayer (domingo) confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano", indicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, al anunciar que todos los activos del mandatario sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados.
"Cualquiera que participe en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por socavar procesos e instituciones democráticas en Venezuela", advirtió Mnuchin en un comunicado.
Con estas sanciones, Estados Unidos busca expresar su oposición al "régimen de Maduro", apuntó.
Lea también: “Venezuela evoluciona para peor”, afirma canciller de Costa Rica, Manuel González
El gobierno de Donald Trump tomó las medidas contra Maduro, en el poder desde 2013, un día después de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, una contienda en la que la oposición venezolana no participó por considerarla "fraudulenta".
Según Estados Unidos, ese órgano "aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional" del Congreso elegido en diciembre de 2015 y dominado por la oposición, así como "reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario" al pueblo venezolano.
Estados Unidos es el principal comprador de crudo venezolano, con importaciones de 800.000 barriles diarios sobre una producción de 1,9 millones.
La semana pasada, el gobierno de Trump sancionó a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, entre ellos a Tibisay Lucena, presidenta del poder electoral, acusados de quebrar la democracia, violar derechos humanos o por corrupción.
Esas sanciones son las terceras anunciadas contra funcionarios o exfuncionarios venezolanos, luego de las emitidas en febrero y mayo.