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Un tribunal estadounidense suspendió el viernes una ejecución federal programada para el lunes y que habría sido la primera en 17 años, a solicitud de familiares de las víctimas de los condenados, preocupados por su salud debido a la pandemia.

El Departamento de Justicia interpuso una apelación unas horas después de esta decisión. Las apelaciones pueden llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump planeaba ejecutar el lunes a Daniel Lee, un supremacista blanco sentenciado a muerte en 1999 por el asesinato de una pareja y una niña de ocho años.

Pero familiares de sus víctimas, incluida la abuela de la niña, Earlene Peterson, de 81 años, acudieron a la justicia esta semana para postergar la ejecución.

Invocando su vulnerabilidad al nuevo coronavirus, los querellantes explicaron que se enfrentaban a una elección imposible entre su derecho a asistir a los últimos momentos de la persona condenada y las preocupaciones por su salud en caso de aglomeración.

"El gobierno tiene un interés legítimo en garantizar que la ejecución se lleve a cabo rápidamente", pero eso viene después del interés de tratar a los familiares de las víctimas "con justicia, respeto y dignidad", decidió la jueza Jane Magnus-Stinson, de un tribunal federal de Indiana.

"La familia espera que el gobierno federal los apoye y no apele el fallo", dijo el abogado Baker Kurrus en un comunicado.

"Esperamos que el gobierno finalmente actúe de una manera que alivie el dolor de Peterson y su familia en lugar de aumentarlo", agregó.

Peterson, una opositora a la pena de muerte, ha pedido reiteradamente al presidente Donald Trump que sea "indulgente" con Daniel Lee, asegurándole que no quiere que lo ejecuten.

Alegando que "actúa en nombre del público y las familias", la administración republicana ha programado cuatro ejecuciones federales este verano boreal.

En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los actos más graves (ataques terroristas, crímenes racistas) o cometidos en bases militares, entre varios estados o en reservas de nativos americanos.

En los últimos 45 años, solo tres personas han sido ejecutadas a nivel federal, incluido Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City (168 muertos en 1995) en 2001. La última ejecución federal data de 2003.