Condenados a 3.860 años de cárcel tres activistas de ETA

La justicia española condenó este miércoles a 3.860 años de prisión cada uno a tres militantes del grupo vasco armado ETA, por un atentado con coche bomba contra una casa-cuartel de la guardia civil en Burgo (norte), que causó 160 heridos en 2009.

La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, condenó a Daniel Pastor Alonso, Iñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero, a 3.860 años de cárcel cada uno por 160 asesinatos en grado de tentativa, a razón de 24 años de prisión por cada uno de esos intentos de asesinatos, además de 20 años por un delito de estragos.

Al amanecer del 29 de julio de 2009, un coche bomba cargado con 700 kilos de amonal y colocado poco antes por Daniel Pastor, hizo explosión junto a la casa-cuartel de la guardia civil de Burgos, hiriendo a 160 personas, entre ellas, 41 niños.

Fue uno de los últimos atentados de ETA, que golpeó por última vez en suelo español el 9 de agosto de 2009.

Desde 2003, el código penal español fija en 40 años de prisión efectiva la pena máxima para casos de terrorismo.

En principio, estos tres militante no se ven beneficiados por la decisión del Tribunal de Estrasburgo del 21 de octubre pasado, que supuso la puesta en libertad de varias decenas de presos de ETA.

Ese tribunal había considerado ilegal la aplicación retroactiva de la denominada doctrina Parot, un sistema de cálculo de penas que entró en vigor en 2006 y que establecía que la reducción de pena se descontara del total de la pena a la que ha sido condenado un preso y no de los 40 años máximos de cárcel efectiva previstos por la ley española, lo que en la práctica alargaba las condenas de algunos presos.

Así, pues los presos condenados desde 2006 tienen que purgar la totalidad de los 40 años de prisión.

La suerte de los presos constituye un punto particularmente sensible entre cara a cara que mantienen el gobierno conservador español y ETA: el grupo armado reclama una negociación sobre la política penintenciaria de Madrid, mientras que el gobierno rechaza cualquier diálogo y pide su disolución.

El grupo separatista armado vasco anunció el 20 de octubre de 2011 el fin de la violencia pero sin entregar las armas.