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Elie Hasrouti perdió a su padre en la explosión en el puerto de Beirut y, como cientos de familias afectadas, quiere demandar al Estado libanés para que los responsables de la tragedia rindan cuentas.

La demanda no resucitará a su padre Ghasan, quien trabajó durante casi cuatro décadas en la sala de control de los silos de trigo en el puerto. Pero Elie clama justicia para evitar que se repita el drama del 4 de agosto.

La enorme explosión causó más de 190 muertos y 6.500 heridos y devastó barrios enteros de Beirut.

Con el apoyo del colegio de abogados de Beirut, 1.228 familias preparan un proceso judicial contra las autoridades, a las que acusan de ser responsables de la tragedia por negligencia.

Algunos de ellos han perdido a un familiar, otros tienen a parientes heridos y también los hay que han sufrido destrozos materiales.

"Hay que determinar las responsabilidades e identificar los comportamientos que nos llevaron a esta situación", explica Hasruti, un joven ingeniero informático.

Según reconocen las autoridades, la explosión se produjo en un almacén donde desde hace más de seis años había almacenada una gran cantidad de nitrato de amonio "sin medidas de precaución", cerca de zonas residenciales.

Justicia, no venganza

Durante dos semanas, los familiares de Ghassan vivieron con la esperanza de recibir noticias del patriarca dado por desaparecido desde la explosión. El cuerpo fue encontrado en el puerto, bajo los escombros.

Un duelo entre otros muchos en un Líbano traumatizado. Pero el drama también ha avivado la ira contra los dirigentes, que son casi los mismos desde hace décadas. Y es que los altos cargos políticos y de los servicios de seguridad estaban advertidos de los peligros del cargamento de nitrato de amonio.

El colegio de abogados puso en pie siete centros y movilizó a más de 400 abogados voluntarios para atender a los demandantes, explica su presidente Melhem Jalaf.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante un crimen tan trágico", declaró a la AFP.

Para presentar las demandas, el sindicato revisa los casos y después los asigna a abogados que representarán al cliente gratuitamente.

Casi el 82% de los casos se refieren a destrozos materiales, el 7,5% a daños materiales y corporales, el 3,58% a daños corporales y el 1,12% al fallecimiento de un ser querido, según datos preliminares del sindicato.

"Intentamos decir a la gente que no están solos. No buscamos venganza, para nada", agrega Jalaf. "Buscamos justicia".

Investigación sin resultados

En un Líbano en bancarrota, donde el poder judicial no se salva de las presiones políticas, es difícil predecir el desenlace de estas demandas.

El abogado Ali Jaber asegura que el objetivo es "determinar la responsabilidad". En el caso de un veredicto incriminatorio, los demandantes podrán entonces emprender otro procedimiento judicial para reclamar una indemnización.

Las autoridades han rechazado los llamamientos a una investigación internacional, y llevaron a cabo la suya propia con la participación de investigadores franceses y estadounidenses.

Se detuvo a 25 personas, entre las que figuran altos cargos del puerto, y se está interrogando a ministros, ex ministros y funcionarios.

Amnistía Internacional ha emitido dudas sobre la "eficacia, transparencia e imparcialidad" de la investigación.

La oenegé cita el hecho de que se haya recurrido al Consejo de Justicia, que deberá pronunciarse sobre la tragedia del puerto. Los jueces de este "tribunal de excepción" son elegidos por el gobierno, lo que despierta recelos sobre su "independencia".

Además, el tribunal no tiene jurisdicción para "procesar a funcionarios, sobre todo al presidente y los ministros", advierte Amnistía.

Jalaf también critica la injerencias de los partidos.

"Quiten sus manos de la justicia", pide. "Un crimen de esta magnitud no puede ser rehén de disputas políticas", añade. "Establecer la verdad y rendir justicia es lo que puede consolar a las personas y permitirles vivir en paz".