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Esta semana, la Comisión de Gobierno y Administración aprobó incluir a los empleados actuales del sector público en la eventual aplicación del salario global que se discute en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, bajo el expediente 21.336.

El nuevo texto establece que los funcionarios actuales que tengan un salario mayor al salario global mantendrían su sueldo intacto y solo recibirán incrementos por aumento de costo de vida; mientras que aquellos con un salario inferior tendrán un plazo de seis meses para aumentarlo y adoptar el nuevo esquema.

La medida generó todo tipo de reacciones.

Desde el sector sindical, el presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Lennín Hernández, advirtió posibles roces de constitucionalidad. El asesor jurídico de la ANEP, Esteban Calvo, dijo que en su conjunto el proyecto "es una ocurrencia" y que no resuelve el problemas de inequidad en materia salarial.

Por su parte, la abogada especialista en derecho laboral, Paola Gutiérrez, asegura que el salario global incluso podría representa más gasto para el Estado, considerando que hoy el proyecto no incluye modificaciones en las convenciones colectivas, y esto permitiría que los funcionarios negocien otros pluses salariales.

Adicionalmente, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca reconoció que el texto actual del proyecto aún no aclara muchos de los puntos medulares de la discusión, como la forma en que se fijaría este salario global o las competencias de Mideplan; y en tanto no se hagan esos cambios él lo votaría en contra.

Esta fue parte de la discusión de este viernes en el programa "En Profundidad", sobre las implicaciones de la implementación del salario global en el sector público.

Puede ver la entrevista completa en el video adjunto.