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El candidato y aspirante presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, defendió una iniciativa con la que busca eliminar la prescripción de los delitos de corrupción, con la que plantea reformar el Artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

El objetivo es que “se considere que son verdaderos crímenes contra toda la población y puedan ser sancionados y perseguidos, ya que muchas veces son complejos”  dijo Villalta este miércoles durante la última sesión de debates del Tribunal Supremo de Elecciones.

Dicha iniciativa de ley fue retomada por el legislador en 2021, luego de que el resto de fracciones de la Asamblea rehusaron ampliar el plazo al expediente 20.246 que fue presentado por la bancada del FA en la legislatura anterior (2014-2018).

La propuesta es duramente criticada por la aspirante presidencial del partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, quién aseguró durante el debate de este miércoles que es inconstitucional.

Es un proyecto que a todas luces es inconstitucional, pero más allá de los aspectos técnicos, lo cierto es que a veces se cree que a través de más leyes, reglamentos y demás logramos acabar con esto que nos afecta a todos. Esto no es un asunto de más comisiones,  leyes”, afirmó Díaz durante el debate.

Ante consultas de Teletica.com Villalta refutó los cuestionamientos de Díaz. 

"Doña Natalia no desarrolló sus argumentos… Nosotros tenemos suficiente argumentación, hay incluso tratados y hay diversos convenios que señalan que por el grado de lesión que provocan estos delitos se asemejaría a un delito de lesa humanidad, que son delitos que no prescriben.

La iniciativa también es respaldada por el candidato presidencial de Costa Rica Justa, Rolando Araya, quién impulsa una reforma de ley que según él fue propuesta por las bases juveniles de su partido.

“Estamos entregando una carta a cada legislador para adelantar nuestra gestión y les solicitamos que nos ayuden a instruir un estudio al departamento de Servicios Técnicos del Congreso, con el fin de que se establezca cuáles códigos y leyes deben modificarse mediante una nueva ley para que no exista la prescripción y se pueda condenar a los imputados por delitos de corrupción en el momento en que se acceda a ellos”, explicó Araya en un comunicado.

Inicialmente,  otro candidato que impulsó esta modificación legal fue Óscar Campos de Encuentro Nacional, quién la incluyó en su plan de Gobierno, pero luego dijo que fue un error. Así se puede apreciar en este extracto de una entrevista de Campos con el periodista de Teletica.com, Juan José Herrera.

-Campos: Hay delitos que nosotros estaríamos pensando que deben de ponerse como traición a la Patria, que sean en la función pública de altos jerarcas, delitos contra la Patria y no es que no prescriban, sino que se haga más gravoso”

- Herrera: Pero en su plan de gobierno dice claramente no prescripción

- Campos: Sí, pero una cosa de esas no puede ponerse, fue un error, luego lo revisamos y entendemos que eso tiene una dificultad constitucional, la idea es que esos delitos se tipifiquen como lo más gravoso posible, es endurecer las penas

Sobre la propuesta 

El abogado penalista Edwald Acuña defiende la tesis de que una propuesta de este tipo puede ser inconstitucional. 

“Crea un ámbito de in-certeza y de inseguridad jurídica. Además, hay que recordar que la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito extendió los plazos de prescripción para estos delitos, entonces en nuestro sistema es muy difícil que prescriba un delito de corrupción”

Según el experto, una de las modificaciones es que los plazos para este tipo de delitos comienzan a contar desde que se deja de ser funcionario público, por ejemplo, y además no se les aplica la reducción de plazos que establece el Código Procesal Penal.

Acuña tampoco considera que se puedan equiparar con los delitos de lesa humanidad, tal como explicó Villalta. “Los delitos de lesa humanidad atentan contra la dignidad de la persona y contra la condición, mientras que los delitos de corrupción atentan contra el deber de probidad”.

Aun así, Villalta insiste en que la propuesta es viable. “El problema es que en la Asamblea no han querido ni discutirlo. Me gustaría que tuviéramos ese debate, y en última instancia que sea la Sala Constitucional la que decida vía consulta”.

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