Obligatoriedad de código QR no entra en planes de Figueres
El candidato aseguró que solo apoya esta medida como una verificación de la vacunación, pero no como un requisito al que calificó como "discriminatorio".
José María Figueres aseguró este martes que no apoyará, en un eventual Gobierno, la obligatoriedad del código QR para ingresar a comercios y otros establecimientos.
El candidato presidencial dijo estar a favor de esa medida como una forma de verificar la vacunación contra COVID-19, pero no como un requisito, algo que calificó como "discriminatorio".
“Me he manifestado a favor del código QR como una manera para identificar que hemos sido vacunados, pero no como un determinante para impedir o no la entrada de personas a comercios y establecimientos, es una cosa que discriminaría a una gran cantidad de la población costarricense que no tiene los medios o la oportunidad de portar un código como sí tienen otras personas”, afirmó.
Figueres aprovechó la presentación de su equipo de salud para criticar la política de vacunación de la actual administración, que calificó de lenta y poco proactiva.
“Podríamos haber evitado mucho sufrimiento si el Gobierno hubiera tenido una política más proactiva de vacunación en el país, de conseguir las vacunas y vacunar a través de cooperativas, empresa privada, sindicatos… en fin, deberíamos haber avanzado más rápido”, añadió.
En su presentación del plan, aseguró que creará 200 Ebáis nuevos, un hospital universitario en la zona sur de la capital y que declarará el Hospital Tony Facio de Limón como el primer centro médico “pluricultural y multiétnico”.
Afirmó que potenciará la digitalización del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social y que promoverá la “salud sin afectar la economía”.
Añadió que no tienen todavía una postura sobre cómo manejarían la millonaria deuda que el Estado mantiene con la CCSS y que es responsabilidad del actual Gobierno determinar a cuánto ascienden realmente esas obligaciones, mientras que adelantó algunas propuestas para combatir la crisis en el régimen de pensiones del IVM, abriendo la posibilidad para que este pueda invertir en la construcción de infraestructura pública.