Por Juan José Herrera |14 de febrero de 2022, 11:59 AM

Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático) insistió, esta mañana, en su propuesta de legislar vía referendo en temas sensibles como pensiones de lujo o salarios del Poder Judicial.

El candidato del Partido Progreso Social Democrático (PSD) defendió ante los medios de comunicación que si en un eventual gobierno suyo no encuentra soluciones a estos temas, recurrirá al pueblo como última opción.

Chaves incluso restó importancia a las opiniones de expertos y constitucionalistas que refutaron esa idea suya, incluida en su plan de gobierno y que ha sido objeto de críticas en los últimos días.

“Sobre la opinión de algunos constitucionalistas, seamos concisos: es precisamente eso, una opinión. Consideramos que eso es una ofensa a la ciudadanía que hoy tiene hambre, que no tiene trabajo.

“$2.000 millones al año se gastan en esas pensiones y en infraestructura es menos de la cuarta parte (…) Estamos hablando de 9.200 personas a costa del bienestar de 5 millones y resto”, dijo en referencia a las pensiones de lujo.

La idea de Chaves es que, ya que la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado sobre la imposibilidad legal para reducir las pensiones de lujo, se busque un referendo para que, por voluntad del pueblo, esa reforma se lleve a cabo.

Además, propone otro para precisamente cambiar las reglas de ese ejercicio democrático, reduciendo limitaciones como la cantidad de votos necesarios para hacer vinculante una decisión o la periodicidad con la que puede aplicarse.

“Va a ser un grupo de ciudadanos los que vamos a llamar a ese referendo si es que en el camino no encontramos una solución, porque ese ‘no se puede’ ha sido la excusa de los últimos 40 años de quienes se han aprovechado del Estado costarricense para beneficio personal. Sí se puede y vamos a eliminar esas injusticias históricas”, afirmó.

Chaves también apuntó, por ejemplo, a la potestad legal que hoy tienen el Poder Judicial y otras entidades autónomas de fijarse el salario y otros privilegios ellos mismos, algo que el candidato criticó con dureza al asegurar que son estos mismos grupos de poder los que defienden la imposibilidad de una reforma legal.

Diferentes abogados constitucionalistas han señalado que una reforma de este tipo no podría hacerse vía referendo porque, precisamente, la Constitución Política lo prohíbe, y que una reforma constitucional para solucionar esto tampoco podría hacerse vía referendo.

El economista difiere de esas afirmaciones e insiste en que un referendo jurisdiccional sería suficiente para avanzar sobre esas reformas siempre y cuando así lo decida una mayoría de los ciudadanos.

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