Por Ignacio Santos |8 de abril de 2013, 11:07 AM

Queda claro que en este país hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Los de segunda somos los del montón, trabajadores a quienes nos obligan a pagar los privilegios que gozan los ciudadanos de primera.

Analicemos el caso de los empleados de la Corte, quienes en 1993 lograron la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con un privilegio increíble.

Ellos, los del Poder Judicial, los que velan para que todos seamos iguales ante la ley, son bien diferentes.

Ellos son de primera, porque ganan más dinero cuando están incapacitados, que cuando están trabajando.

Cuando se enferman reciben el 100% del salario, sin ninguna deducción.

Cuando usted y yo nos enfermamos, recibimos el 60% del pago.

Solo este privilegio de los empleados de la Corte costó el año pasado casi 7.000 millones de colones, ¿y adivinen quién lo paga? Pues claro, todos nosotros, los ciudadanos de segunda.

Es casi un impuesto, para que unos pocos gocen de un beneficio que todos pagamos, pero que solo ellos disfrutan.

Por esa razón, la ex contralora de la República, Rocío Aguilar, presentó una acción de inconstitucionalidad, contra la ley del Poder Judicial. Lo dice muy claro la señora ex contralora: Estamos ante un privilegio exclusivo y excluyente, que se financia con un uso desmedido y abusivo de los fondos públicos.

Lo que mas duele es cómo se les olvida a los servidores de la justicia los principios básicos de la justicia.

El Código de Trabajo es claro y contundente: A trabajo igual, salario igual. El artículo 33 de la Constitución Política dice que todas las personas deben ser tratadas igual.

En otras palabras, se prohíbe hacer diferencias.

Tampoco se acordaron del reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social que dice que todo asegurado es igual ante la ley y ante este reglamento.

El presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, detectó la injusticia que se aplicó por casi 20 años, y en julio del año pasado presentó un proyecto para eliminar ese y otros costosos privilegios. Pero aún no toman una decisión.

La Corte tiene una brasa en la mano, porque deberá resolver contra este privilegio, en calidad de juez y parte. Su decisión nos permitirá saber de qué madera están hechos nuestros jueces y magistrados.

Si están hechos con la madera de la justicia, la igualdad y la equidad, o con la madera de una sociedad con ciudadanos de primera y de segunda.

Señores magistrados, en estos momentos de crisis fiscal, cuando el país está en serias dificultades para pagar sus cuentas y financiar los servicios públicos, ¿seguirán cerrando los ojos ante el abuso, la injusticia y los privilegios odiosos?

Los ciudadanos de segunda esperamos que ustedes, hombres y mujeres de justicia, nos demuestren que son capaces de enmendar su error y volver a la senda transparente, donde todos los costarricenses caminamos con las mismas reglas del juego.